Inconsistencias por 5 mil millones de pesos detectan diputados en ejercicio fiscal 2025 del Gobierno de #Oaxaca
El gobierno de Salomón Jara Cruz enfrenta en Oaxaca un grave hoyo financiero tras detectarse inconsistencias graves en la cuenta pública de 2025. Informes revelan cifras financieras que no cuadran, con miles de millones de pesos sin justificación clara sobre su origen, destino y ejercicio por parte de la administración estatal actual.
Aunque el estado reportó ingresos superiores a lo aprobado en la Ley de Ingresos por 2 mil 679 millones de pesos, las autoridades reconocieron un gasto mayor a lo recaudado. Específicamente, se devengaron 2 mil 665 millones de pesos más de lo ingresado, evidenciando un manejo presupuestal complicado y opaco durante el ejercicio fiscal.
La situación financiera es crítica, pues existen más de 2 mil 600 millones de pesos sin registro transparente sobre su procedencia. A esto se suman subejercicios detectados por auditorías internas que ascienden a 4 mil 867 millones de pesos en diversas dependencias, reflejando una posible ineficiencia operativa y administrativa grave.
Documentos entregados al Congreso estatal revelan ampliaciones presupuestales por más de 10 mil millones de pesos realizadas sin la debida autorización legislativa. Esta discrecionalidad elevó el gasto total a 113 mil 213 millones, contraviniendo normativas fiscales y evidenciando una falta de control en el uso de los recursos públicos.
Este escenario no es nuevo, ya que auditorías federales previas habían señalado observaciones por 536 millones de pesos en Participaciones Federales. Múltiples contratos carecieron de justificación documental adecuada, y se presumen posibles daños a la hacienda pública por 433 millones de pesos, evidenciando un patrón de opacidad recurrente.
Organizaciones civiles y actores políticos han criticado duramente la ineficiencia y discrecionalidad en el manejo financiero. Señalaron anomalías en eventos como la «Guelaguetza 2025», donde se cuestionó la no comprobación de 64 millones de pesos, mientras sectores prioritarios como salud enfrentan carencias graves, demandando investigaciones profundas por parte de las autoridades.
Por su parte, el Ejecutivo estatal ha intentado desactivar las críticas afirmando que las auditorías demuestran un manejo honesto y eficiente. Argumentan que las observaciones son mínimas frente al total auditado y destacan supuestos avances en transparencia, atribuyendo irregularidades a prácticas heredadas de administraciones pasadas para defender su gestión actual.
No obstante, corresponde al Congreso local y a la Auditoría Superior del Estado determinar responsabilidades administrativas o financieras. Ante el cúmulo de señalamientos y la gravedad de los descuadres en cifras, deberán ordenar las cuentas y el ejercicio fiscal conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para esclarecer el caso.
