Impunidad en #Oaxaca: Fiscalía protege a familiares de la esposa del gobernador tras muerte de niñas haitianas
La tragedia de dos niñas haitianas en el albergue “Casa Pato” expuso un montaje judicial escandaloso en Oaxaca. La Fiscalía, desoyendo el grito de colectivas y defensores de derechos humanos, simula justicia al imputar solo a un jefe de servicios generales, protegiendo la élite del DIF estatal dirigida por Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador Salomón Jara.
Esta farsa legal blinda a Maribel Salinas, Teresita Vargas y Cristina Ramírez, altas funcionarias y parientes cercanas de Bolaños Quijano. Mientras el eslabón débil se rompe, el nepotismo familiar en el DIF permanece intacto, con sobrinas como Sheila Bolaños Flores en Administración y Finanzas, priorizando lazos sanguíneos sobre la rendición de cuentas.
Abogadas y activistas señalan que resulta absurdo que la culpa recaiga en Elías Javier Blanco Zárate, un administrativo de mantenimiento sin mando directo sobre el centro. Él se convierte en chivo expiatorio de una Fiscalía que sacrifica peones para no rozar los intereses políticos y familiares que giran en torno al Ejecutivo y la presidenta del DIF.
Pese a que las víctimas estaban bajo custodia de “Casa Pato” y la coordinación de albergues, exigiendo cuidado especial, las directoras implicadas volverán a sus puestos pronto. Este regreso es un insulto a la justicia, señalan, confirmando que en Oaxaca, el parentesco con Irma Bolaños pesa más que las vidas de migrantes vulnerables.
La supuesta “debida diligencia” con perspectiva de género es mera fachada para encubrir impunidad. Al acusar homicidio culposo por omisión solo a un empleado menor, la Fiscalía legitima una jerarquía donde las cabezas como Cristina Ramírez Vargas deciden, pero evaden las repercusiones de su negligencia institucional.
Elías Javier B.Z. El chivo expiatorio.
El organigrama del DIF Oaxaca revela una red de nepotismo: Ángela Santibáñez Cervantes, cuñada de Sheila Bolaños, en Vinculación; Ricardo Cruz Bolaños como secretario particular; y Luz Gabriela González Pérez en áreas sensibles. Esta estructura familiar, construida por Bolaños Quijano, fomenta abusos sin consecuencias.
El caso de las menores haitianas puso al descubierto la desprotección de grupos vulnerables ante un sistema que favorece el encubrimiento. Denuncias de maltrato psicológico y explotación infantil en casas hogar, cobijadas por Cristina Ramírez y Karina Guadalupe Pineda, muestran cómo el DIF prioriza lealtades familiares sobre el bienestar infantil.
La opacidad financiera en el DIF, con fondos desviados y nóminas infladas para parientes, agrava la crisis. La presidenta del DIF Oaxaca se aferra a sostener a sus sobrinas, como Maribel Salinas, ignorando escándalos que hunden la institución en la corrupción.
Esta maniobra de la Fiscalía oaxaqueña transforma una tragedia humanitaria en cinismo puro, usando la ley para inmunizar al poder. Mientras activistas claman por investigaciones reales, el nepotismo en el DIF, con familiares del gobernador en puestos clave, garantiza que la impunidad reine sin trabas.
El caso de las niñas haitianas y los de otros menores no son la excepción: el silencio oficial ante denuncias de robo en tarjetas de Bienestar y racionamiento de comida en albergues evidencia un fracaso sistémico. Bajo la responsabilidad de la señora Irma Bolaños, el DIF Oaxaca no es un refugio para los vulnerables, sino feudo familiar donde se explota a los desvalidos y la justicia se simula para perpetuar el control.
