Iglesia Cristiana Internacional acusa negligencia del gobierno de Salomón Jara en casos de intolerancia religiosa

Iglesia Cristiana Internacional acusa negligencia del gobierno de Salomón Jara en casos de intolerancia religiosa

El representante de la Iglesia Cristiana Internacional en Oaxaca, Azael Ramírez Miguel, solicitó a la administración del gobernador Salomón Jara una reunión con carácter de urgente, para abordar los casos y buscar soluciones a los conflictos de intolerancia religiosa que se registran en las distintas regiones de Oaxaca y que continúan sin resolverse.

El pastor presbiteriano dijo que en la entidad se observa una nula acción por parte del Gobierno de Oaxaca para catender los casos de intolerancia religiosa, especialmentre en el de San Isidro El Arenal, del municipio de San Juan Lalana, en la región Cuenca, donde 13 familias fueron expulsadas, han sufrido violencia y despojo, y perdido sus propiedades, sin contar con el apoyo de las autoridades estatales.

Este jueves, Ramírez Miguel e integrantes de su comunidad religiosa realizaron una protesta en el Cerro del Fortín, a unos metros del auditorio Guelaguetza y a los pies de la estatua de Benito Juárez, en donde acusó a la administración de Jara de minimizar el problema y de no tomar medidas efectivas para proteger los derechos humanos y prevenir delitos en contra de los ciudadanos que profesan una religión distinta a la católica.

Demandó que el gobierno organice un diálogo directo, haga cumplir la ley y proporcione seguridad a los miembros de su comunidad que han sido afectados.

La Iglesia Cristiana Internacional ha presentado denuncias en la Fiscalía de Tuxtepec y Fiscalía General de la República FGR), donde las investigaciones avanzan, además de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que conozca el problema de la intolerancia religiosa que se vive en el estado de Oaxaca.

En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de una familia que profesa la religión cristiana distinta a la católica de la comunidad de San Isidro El Arenal, del municipio de San Juan Lalana.

Estas medidas cautelares se dan luego de un mes en que la comunidad no católica de esta población ha sufrido la quema de su templo, amenazas de expulsión, retenciones y agresiones por las autoridades de la agencia y miembros de la asamblea comunitaria.

La DDHPO informó que ha documentado que con motivo de profesar una religión distinta a la católica, pobladores de San Isidro el Arenal han privado de la libertad a un grupo de personas, entre ellos a mujeres, niños, y una persona mayor con discapacidad, además de que ingresaron a sus viviendas con el objeto de destruirlas para finalmente expulsarlos de la comunidad, con el argumento de que “por usos y costumbres no está permitido profesar otra fe que no sea la católica”.

En las medidas cautelares emitidas, el organismo solicitó al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, y al Presidente Municipal de San Juan Lalana>, Lauro Pérez Sánchez, realicen de forma coordinada las acciones necesarias, suficientes e idóneas para que salvaguarden los derechos de las víctimas a la dignidad, a la libertad (física y de culto), a la integridad y seguridad personales y a la propiedad.

Asimismo, que se garanticen a las personas afectadas las condiciones de seguridad mínimas para que habiten y pernocten el tiempo que sea necesario en un alojamiento alternativo, en tanto se crean las condiciones suficientes para que éstos puedan volver a sus hogares.

En la CDMX,  integrantes de la Iglesia Cristiana Inter-denominacional (ICIAR) protestaron el Palacio Nacional exigiendo que terminen los actos de violencia animados por la intolerancia religiosa en contra de los habitantes de Cerro Cajón, y demandaron una solución de fondo a este tipo de problemáticas que suceden en diversos estados, en especial en Oaxaca y Chiapas.

En este contexto, pastores, expertos en asuntos religiosos y defensores de derechos humanos llamaron a las autoridades oaxaqueñas y federales, así como de la Iglesia Católica en Oaxaca, a intervenir para poner fin a las agresiones en contra de los congregantes cristianos evangélicos, a los cuales feligreses católicos les quemaron el templo, destruyeron y robaron sus casas, animales y cultivos, para finalmente desterrarlos.

 

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