
IEEPCO adjudicó 270 millones a empresas vinculadas con Hernández Casillas; también incluye la gestión de Elizabeth Sánchez González
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) adjudicó aproximadamente 270 millones 737 mil pesos entre 2018 y 2024 a empresas vinculadas con Javier Alfredo Hernández Casillas, bajo distintas administraciones, incluida la de la actual presidenta, Elizabeth Sánchez González, quien asumió responsabilidades institucionales en 2022.
La asignación más reciente documentada ocurrió en 2024, durante la presidencia de Sánchez González, cuando Corporativo ZEG recibió directamente 32 millones 426 mil 445.12 pesos para material electoral, después de declararse desierta la licitación pública, mediante el acuerdo IEEPCO-CAAS-15/2024.
En ese mismo procedimiento, Formas Finas y Materiales obtuvo un monto casi idéntico. Ambas adjudicaciones colocan bajo escrutinio las decisiones de contratación del organismo electoral, particularmente los mecanismos utilizados para garantizar competencia, transparencia y condiciones equitativas entre proveedores participantes.
Los antecedentes se remontan a 2018, cuando Cajas Graf recibió 64 millones 895 mil 956.40 pesos para producir material electoral, durante la presidencia de Gustavo Meixueiro Nájera. Los contratos posteriores y anteriores forman parte de una trayectoria empresarial que, según reportes, incluye procesos desde 2013.
La polémica escaló en octubre de 2026, en medio de investigaciones atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación sobre empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. Las indagatorias contemplan posibles irregularidades, simulación de competencia y conflictos de interés.
Ante los cuestionamientos, Sánchez González rechazó asumir responsabilidades “por actuaciones ajenas” y sostuvo que cada persona debe responder por sus decisiones. Sin embargo, su deslinde no elimina su responsabilidad y la necesidad de aclarar las adjudicaciones realizadas durante su administración, ni de explicar qué controles se aplicaron para revisar proveedores y procedimientos.
La presidenta aseguró que las compras no dependen de una sola persona, sino de un comité integrado por la presidencia, direcciones ejecutivas, coordinación administrativa y Secretaría Ejecutiva. Según explicó, sus integrantes votan con base en las propuestas presentadas por el área administrativa, una estructura colegiada que también exige responsabilidades verificables.
Sánchez González afirmó que todas las adquisiciones se licitan, incluso el combustible utilizado durante los procesos electorales, y precisó que el Instituto Nacional Electoral determina nacionalmente las características de boletas y urnas. No obstante, la adjudicación directa de 2024 obliga a precisar las circunstancias que justificaron esa modalidad y sus garantías de competencia.
En el caso también aparece Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del IEEPCO, subordinada a Sánchez González, señalada por su presunta participación en las asignaciones de 2024. Las publicaciones también han mencionado vínculos con Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE; tales señalamientos requieren documentación y respuestas de las personas involucradas.
La cuestión central no es únicamente quién integraba el comité, sino cómo se justificaron contratos millonarios, qué empresas compitieron y qué verificaciones se realizaron sobre sus relaciones comerciales. La transparencia exige publicar expedientes completos, dictámenes, votaciones y fundamentos de las adjudicaciones para permitir una revisión independiente de las decisiones.
Aunque los contratos abarcan varias administraciones, una parte relevante corresponde al periodo de Sánchez González, por lo que la funcionaria en lugar de deslindarse debe explicar las decisiones de 2024. Las investigaciones determinarán si existieron irregularidades; mientras tanto, la funcionaria del IEEPCO debe rendir cuentas y garantizar que las compras electorales respondan al interés público.

