Hija de desaparecido del EPR denuncia impunidad de exfuncionarios prófugos en #Oaxaca tras seis años
Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, denunció que el exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y el excomandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Hernández Hernández, permanecen prófugos desde agosto de 2019, pese a órdenes de aprehensión por desaparición forzada.
A pesar de una ficha roja de Interpol emitida contra ellos, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado cateos ni investigaciones efectivas, convirtiéndose en cómplice de este crimen de lesa humanidad que afecta a miles en México.
Reyes Maldonado enfatizó que Martínez Ramírez ha interpuesto múltiples amparos y recursos de revisión ante el Poder Judicial de la Federación para evadir la detención, mientras las autoridades estatales y federales lo protegen, alertados por filtraciones internas que facilitaron su fuga junto a Hernández Hernández.
De los 10 implicados iniciales, solo siete policías están detenidos en penales federales; los dos exfuncionarios clave continúan impunes, evidenciando una justicia selectiva que criminaliza a disidentes pero exonera a perpetradores oficiales.
La desaparición de Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez ocurrió en un hotel de Oaxaca por elementos de la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano, con testimonios que señalan a Martínez Ramírez y Hernández Hernández como autores materiales.
Tras 18 años de impunidad en 2025, familiares como Nadín y Margarita Cruz Sánchez enfrentan intimidaciones, incluyendo citatorios a interrogatorios en noviembre de 2024, mientras denuncian simulación en búsquedas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Exigiendo justicia, Reyes Maldonado urge al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca a mantener la orden de aprehensión contra Martínez Ramírez, considerando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo 51/2020, que exige investigaciones exhaustivas con estándares atenuados para desapariciones forzadas.
De concederse la suspensión, se violentarían derechos humanos, perpetuando la impunidad sistémica en un país con miles de desaparecidos y escasas sentencias.
