Hereda la nueva Presidenta del TSJE cuatro casos emblemáticos en materia de impunidad y corrupción
La magistrada Berenice Ramírez Jiménez, nueva presidenta del Poder Judicial de Oaxaca y quien fue electa para el periodo 2024-2028, tiene por delante importantes retos en materia de impartición de justicia, principalmente relacionados a la impunidad que persiste y la falta de castigo ante quienes ejercen violencia contra las mujeres en general y de índole feminicida en particular.
A la fecha son muchos los señalamientos en contra de jueces y magistrados en al menos cuatro casos emblemáticos, a causa de polémicos fallos en contra de las víctimas.
Estos 4 casos, que abarcan desde desapariciones, feminicidios consumados y en grado de tentativa, tienen como constante que pese a que datan de hace más de tres años, aún no es posible garantizar el acceso a la justicia para las víctimas indirectas. Se trata de los casos de Zayra Morales, Claudia Uruchurtu, María Elena Ríos y María del Sol.
Primer caso.- El 23 de octubre de 2020, Zayra Leticia Morales Loyola desapareció en Santa María Xochitlapilco, agencia municipal de Huajuapan de León, en la región Mixteca. Pese a que hubo detenidos, hasta ahora no hay una sola persona sentenciada y ni siquiera en prisión.
De acuerdo con Leticia Loyola, la madre de la joven, a más de tres años el caso no tiene avances y ello es en gran medida responsabilidad del Poder Judicial, pues los jueces a cargo del caso dejaron libres a los detenidos como presuntos responsables.
El 18 de agosto de 2022, la Fiscalía del Estado (FGEO) dio a conocer la aprehensión de J. I. Z. Z., como probable responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Zayra. No obstante, el sujeto fue liberado seis días después por el juez de Control de Circuito Judicial en la Mixteca, Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, bajo el argumento de que el testigo protegido no presentó su identificación oficial para validar su declaración.
Segundo caso.- Claudia Uruchurtu tenía cuatro años denunciando actos de corrupción y se había involucrado en la defensa de pobladores de Nochixtlán, ante constantes abusos y extorsiones de las autoridades municipales.
El 26 de marzo de 2021, la activista Claudia Uruchurtu participó en una manifestación frente al Palacio Municipal de Nochixtlán para denunciar una serie de abusos de las autoridades municipales, en particular de la entonces edil Lizbeth victoria Huerta (Morena). Testigos observaron cómo varios sujetos se la llevaron forzándola a subir a una camioneta roja y desde entonces no se sabe nada de su paradero.
Tras un año y nueve meses de investigaciones, el 15 de diciembre de 2022 la presidenta municipal morenista fue hallada culpable del delito de desaparición forzada, junto con tres personas más. Sin embargo, de último minuto, la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez determinó la reconfiguración del delito a obstrucción de búsqueda únicamente para la exedil y en lugar de ser sentenciada a los 40 años de prisión con los que se castiga la desaparición forzada, la condenó únicamente a cuatro, por lo que la familia apeló el fallo.
Otros 12 meses después, a unos días de que concluyera la presidencia del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), que forma parte del Poder Judicial, determinaron la reposición del juicio contra Victoria Huerta.
Sara y Elizabeth Uruchurtu, las hermanas de Claudia, cuestionaron la actuación de los jueces Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega, a quienes acusaron de evitar estudiar el caso tomando en cuenta elementos fundamentales para una justicia integral como la responsabilidad por el delito de desaparición forzada de la acusada, el reconocimiento pleno de la calidad de defensora de derechos humanos de la activista y la inclusión del enfoque diferenciado y con perspectiva de género.
El tercer caso por el que ha sido ampliamente cuestionada la actuación de jueces y del Poder Judicial de Oaxaca es el de María Elena Ríos Ortiz, joven saxofonista sobreviviente de tentativa de feminicidio, cometida a través de un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019. A más de tres años, tampoco se ha emitido ninguna sentencia.
El caso de la activista y defensora ha enfrentado una serie de anomalías que la joven ha denunciado y documentado a través de sus redes sociales. En marzo de 2023, Teódulo Pacheco, entonces juez del caso, resolvió que Juan Antonio Vera Carrizal, encarcelado como presunto autor intelectual del ataque, continuara su proceso en arraigo domiciliario, medida que fue revocada más tarde, pues el domicilio no cumplía con las características necesarias.
Tras acusaciones de María Elena sobre violaciones a sus derechos como víctima de parte de Pacheco, el juez fue retirado del caso.
Posteriormente este quedó a cargo de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, quien renunció luego de que la joven denunció una presunta cercanía de la juzgadora con el equipo de la defensa del imputado, lo que podría representar conflicto de intereses. Es la misma juez que redujo la sentencia a la exalcaldesa de Nochixtlán, acusada de desaparición forzada.
Hasta el momento, el caso no cuenta con un juez a cargo, pues la persona designada argumentó que la renuncia de Quevedo Sánchez no se realizó de forma correcta y que se iría de vacaciones, dejando pendiente una audiencia de debate que no pudo resolverse. El TSJEO no ha nombrado a un juez en sustitución, retardando aún más el proceso y obstaculizando la justicia.
El cuarto caso de la lista es el del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, en el que se han abierto siete carpetas de investigación.
El 2 de junio 2018, María del Sol Cruz Jarquín, jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, murió víctima de feminicidio en Juchitán de Zaragoza, junto con otras dos personas más.
Su jefe, Francisco Montero López, la había comisionado ilegalmente para cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López a la presidencia municipal de esa ciudad.
La noche del asesinato, el equipo de trabajo de la comunicadora fue robado, para eliminar la evidencia de la responsabilidad del entonces funcionario estatal en la asignación. Heliodoro Altamirano Charis, también funcionario de dicha dependencia, se presentó en el hotel donde estaba hospedada María del Sol y se llevó el equipo.
Tras la investigación, Altamirano Charis fue hallado culpable del robo y en octubre 2022 le fue dictada finalmente una sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses de prisión. Pese a ello, el sentenciado continuó disfrutando de su libertad, pues un juez le otorgó un amparó contra la resolución.
Además, el Poder Judicial de Oaxaca dictó una nueva resolución parcial que disminuyó la pena de cárcel a sólo nueve años con siete meses.
Actualmente, la investigación por el feminicidio de María del Sol también volvió a iniciar de cero, luego de una serie de anomalías, errores y omisiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), entonces encabezada por Rubén Vasconcelos.
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