Habitantes y autoridades de Oaxaca y Chiapas exigen que la Suprema Corte defina urgentemente los límites territoriales en disputa
Pobladores y autoridades de Oaxaca y Chiapas han solicitado de manera urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga para resolver y ratificar de forma definitiva los límites territoriales que han generado un prolongado y complejo conflicto agrario entre ambas entidades federativas vecinas desde hace varias décadas.
La demanda principal surge luego de que las comunidades indígenas zoques de San Miguel Chimalapa decidieran iniciar acciones para recuperar administrativamente una franja conformada por casi cinco mil hectáreas que actualmente se encuentra ocupada por diversos grupos de ejidatarios procedentes del vecino estado de Chiapas en la región sur de nuestro país.
Por su parte, los habitantes del asentamiento conocido como Gustavo Díaz Ordaz manifestaron su firme intención de esperar una aclaración formal por parte del máximo tribunal antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su posible adhesión a la comunidad oaxaqueña o su eventual retiro definitivo de la zona en disputa legal.
Esta relevante conclusión se alcanzó tras una prolongada reunión a puerta cerrada que se extendió por más de tres horas, donde participaron activamente autoridades locales, representantes agrarios, comuneros zoques e integrantes del ejido chiapaneco, contando además con la atenta presencia de diversos funcionarios de los ámbitos federal y estatal.
Durante el desarrollo de los encuentros se registraron momentos de notable tensión social, principalmente motivados por el despliegue previo de elementos policiales de élite procedentes de Chiapas, los cuales ingresaron al territorio en disputa acompañados por numerosas unidades móviles antes de la posterior llegada de corporaciones federales y estatales de seguridad.
Pese a los escenarios complicados, al menos veintiocho pobladores decidieron aceptar formalmente su integración como comuneros de San Miguel Chimalapa, denunciando públicamente haber recibido diversas amenazas por parte de otros sectores del ejido Díaz Ordaz que se niegan rotundamente a acatar las disposiciones emitidas previamente por la máxima instancia judicial mexicana.
Las autoridades comunales de San Miguel Chimalapa reiteraron en repetidas ocasiones que el proceso de recuperación territorial no representa ningún intento de desalojo violento ni busca despojar de sus viviendas a las familias, sino que pretende regularizar administrativamente una situación originada de manera irregular hace ya varias décadas.
El presidente de bienes comunales destacó que la prioridad absoluta de los grupos oaxaqueños ha sido privilegiar el entendimiento pacífico, ofreciendo absoluto acompañamiento y respeto a quienes decidan voluntariamente sumarse a los estatutos comunales, garantizando la permanencia segura de sus hogares y parcelas bajo el marco legal correspondiente.
Representantes de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca informaron que se mantuvo un monitoreo constante para garantizar condiciones de estabilidad social, permitiendo que las fuerzas de seguridad federales y estatales se retiraran sin mayores incidentes una vez concluida la mesa de diálogo entre los habitantes de la zona afectada.
Las comunidades indígenas insisten en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe acelerar los trámites necesarios para emitir una aclaración contundente que ponga fin definitivo a la incertidumbre jurídica, permitiendo consolidar la paz social y la convivencia armónica entre los pobladores de Oaxaca y Chiapas.
