Habitantes de Chahuites y Tapanatepec, Oaxaca, acusan a ediles de extorsión y los responsabilizan de asesinatos contra civiles
José Alfredo Salinas Nicolás acusó al presidente municipal de Chahuites, Rosell Castillo Martínez, de extorsión y lo responsabilizó del asesinato de sus dos hijos de treinta y uno y veintiocho años.
El señalamiento se difundió en un video publicado en Facebook. El denunciante indicó que desde hace dos años sufre presiones económicas atribuidas a Alí Vásquez y al alcalde de Chahuites.
Alí Vásquez es hermano de Adriana Guadalupe Vásquez Cruz, presidenta municipal de San Pedro Tapanatepec. Según el relato, ambos habrían exigido dinero que el productor se negó a entregar.
La negativa, de acuerdo con la denuncia, habría desencadenado el homicidio de los dos hijos. El caso se suma a una serie de ejecuciones registradas en esa franja del Istmo de Tehuantepec.
El denunciante agregó que ahora colocaron avisos en el portón de su rancho para impedir el acceso, con el argumento de que la huerta pertenece al pueblo.
Atribuyó esos mensajes a las presidencias municipales de Chahuites y Tapanatepec. Señaló que una misma familia gobierna en ambos municipios desde hace más de tres décadas, de la mano de la delincuencia organizada.
Salinas Nicolás pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario Omar García Harfuch para que fuerzas federales intervengan en la zona.
Argumentó que las autoridades locales están coludidas con grupos criminales y que solo mandos federales podrían revisar los hechos con independencia.
Sostuvo que la extorsión no se limita a su caso y que esa práctica se habría extendido durante treinta años en Chahuites y Tapanatepec.
Afirmó que esos grupos imponen o eliminan a presidentes municipales según su conveniencia. Describió un clima de impunidad y abandono institucional en la región.
Exigió que se desmantele la célula que, según dijo, opera en ambos municipios y ha dañado a comunidades del Istmo de Tehuantepec.
Pidió una entrevista con altos mandos federales para entregar datos concretos. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de las alcaldías ni de la Fiscalía estatal.
