Grave rezago de Fiscalía en la investigación de delitos coloca a Oaxaca en una crisis permanente de justicia
Oaxaca registra un brutal rezago en la integración de carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado. En 2024, este atraso prácticamente se duplicó al alcanzar un incremento del 99 por ciento, lo que golpea directamente la procuración de justicia y afecta la confianza ciudadana.
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI, en 2023 la entidad acumulaba 71 mil 952 carpetas de investigación pendientes de conclusión. Un año después, la cifra ascendió a 143 mil 240 expedientes sin resolver, lo que refleja un problema estructural en la capacidad de respuesta de la fiscalía oaxaqueña.
Lo más grave es que este rezago no está vinculado a un aumento en la comisión de delitos. Por el contrario, la incidencia delictiva en Oaxaca se redujo en 12.7 por ciento entre 2022 y 2024, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El incremento del atraso se explica por limitaciones estructurales y presupuestales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Con alrededor de 455 plazas clave, entre agentes del Ministerio Público y peritos, la institución es insuficiente para atender a más de 4.2 millones de habitantes distribuidos en un territorio complejo y mayormente rural.
El presupuesto también representa un obstáculo. En 2024 se asignaron 40.3 millones de pesos para actividades centrales de la fiscalía, cifra menor a los 44.3 millones originalmente aprobados. Los recursos se destinaron principalmente a servicios personales, sin capacidad suficiente para fortalecer tecnología, capacitación o procesos de investigación ministerial.
A nivel nacional, el INEGI documentó que en 2024 se abrieron un millón 908 mil carpetas de investigación, pero solo se concluyeron un millón 612 mil. Este desbalance incrementó el rezago en 14.7 por ciento. En Oaxaca, el desfase fue mucho mayor, con un acumulado que casi se duplicó.
El impacto es profundo: solo 52 por ciento de las denuncias en Oaxaca avanzan a carpeta de investigación formal, y de éstas, una fracción mucho menor llega a vinculación o sentencia. La falta de resolución alimenta la impunidad y desalienta a los ciudadanos de presentar denuncias ante las autoridades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024), apenas 8.2 por ciento de los delitos cometidos en Oaxaca son denunciados. La percepción de ineficacia de las autoridades, sumada al rezago creciente, explica esta desconfianza que mantiene a miles de delitos en la impunidad.
El fenómeno también se agrava por la complejidad de ciertos delitos. Investigaciones prolongadas por violencia de género, corrupción o tráfico de plazas requieren recursos especializados. Solo en 2024, la fiscalía abrió 101 carpetas por este último ilícito, que demandan peritajes, indagatorias financieras y coordinación interinstitucional que hoy son insuficientes.
El INEGI recomienda reforzar el personal ministerial, asignar más presupuesto y mejorar los mecanismos de coordinación. Mientras tanto, Oaxaca se ubica ya en el noveno lugar nacional en volumen de rezago de carpetas. Una situación que, de no corregirse, seguirá minando el acceso a la justicia para miles de víctimas.
