Gobierno de Salomón Jara criminaliza a víctimas de desaparición forzada para no buscarlas: Joaquín Galván
El activista mixe Joaquín Galván denunció que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, y otras autoridades locales criminalizan a las personas desaparecidas para evadir su responsabilidad de buscarlas y garantizar justicia. Según Galván, las instituciones recurren a vincular a las víctimas con presuntos delitos, a menudo sin pruebas ni denuncias formales, lo que vulnera gravemente sus derechos humanos.
En una carta pública difundida en la red social X, Galván expresó su indignación ante esta práctica, la cual calificó como una estrategia para desviar la atención pública. Galván también destacó la desaparición de su compañera Sandra Domínguez Martínez, activista mixe desaparecida desde hace tres meses, sin que hasta ahora la Fiscalía de Oaxaca haya dado resultados concretos en su búsqueda.
El activista señaló que un caso reciente de 14 jóvenes desaparecidos en la costa de Oaxaca es un ejemplo claro de esta estrategia. En lugar de enfocar sus esfuerzos en encontrarlos, las autoridades, como la Fiscalía General del Estado y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Iván García Álvarez, emitieron declaraciones en las que sugerían vínculos de las víctimas con actividades delictivas, como tráfico de drogas. Estas afirmaciones carecen de fundamentos probatorios y sólo perpetúan la revictimización.
El caso de Sandra Domínguez, que ha ganado relevancia nacional e internacional, también evidencia esta dinámica. Durante sus últimos años como defensora de derechos humanos, Sandra denunció a funcionarios públicos por su participación en grupos virtuales que promovían el acoso contra mujeres indígenas. Tras su desaparición, el gobierno de Oaxaca, a través de su Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, intentó desacreditar su labor al sugerir que su pareja, también desaparecida, estaba vinculada con el crimen organizado.
Galván subrayó que estas posturas institucionales buscan deshumanizar a las víctimas, restándoles su calidad de víctimas de desaparición forzada y diluyendo la presión social hacia las autoridades. Además, recordó que la criminalización de las víctimas es ilegal y está prohibida por la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que agraven el sufrimiento de las familias o estigmaticen a los desaparecidos.
La carta del activista también expone que la criminalización de las víctimas no sólo representa una falta de sensibilidad institucional, sino una violación grave a los derechos humanos. Este tipo de narrativas no sólo encubren la ineficiencia de las autoridades, sino que también pueden estar diseñadas para proteger a figuras de poder involucradas en actos de desaparición forzada.
Galván hizo un llamado a las autoridades para que se enfoquen en lo verdaderamente urgente: la búsqueda efectiva de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Además, exigió que se investiguen las declaraciones especulativas y estigmatizantes realizadas por funcionarios públicos, ya que éstas obstaculizan el acceso a la verdad y ponen en riesgo la vida y la integridad de las familias de las personas desaparecidas.
Finalmente, el activista reiteró que el derecho a ser buscado es uno de los principios fundamentales de las víctimas de desaparición forzada, y cualquier acto que lo vulnere debe ser severamente sancionado. Subrayó que, lejos de cumplir con su obligación de garantizar justicia, las autoridades de Oaxaca están contribuyendo a perpetuar un clima de impunidad y desamparo para las familias afectadas.
