Gobierno de Oaxaca oculta las cifras reales de desapariciones; reporta 83% menos de las que registran las autoridades federales
En Oaxaca, el gobierno de Salomón Jara enfrenta serios señalamientos por maquillar u ocultar la cifra real de personas desaparecidas, según se desprende de la comparación entre los datos de la plataforma estatal y los registros federales. La falta de coincidencia entre ambas fuentes no solo evidencia un manejo opaco de la información, sino que profundiza la desconfianza social en un tema tan delicado como las desapariciones forzadas.
La desaparición de personas constituye una de las violaciones más dolorosas a los derechos humanos, y la falta de transparencia en su registro agrava el sufrimiento de las familias buscadoras. Mientras las autoridades estatales presumen avances, los colectivos de víctimas denuncian irregularidades, alimentando la percepción de que el gobierno de Oaxaca prefiere ofrecer una imagen de control antes que enfrentar la gravedad del problema.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en poco más de cuatro años se han registrado 369 casos de desapariciones en Oaxaca, con 2024 marcando el pico más alto, al reportarse 152 casos en ese solo año. Sin embargo, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta una cifra significativamente mayor: 658 desaparecidos y 98 personas no localizadas, más del doble de lo que las autoridades estatales reconocen oficialmente. Aún más alarmante, el colectivo “Buscando a los nuestros” estima que los casos reales rondan los cinco mil, revelando una brecha inmensa entre las cifras oficiales y la realidad vivida por cientos de familias.
Esta disparidad numérica plantea preguntas críticas: ¿por qué tanta diferencia entre los registros? ¿Quién se beneficia de maquillar las cifras? ¿Se busca mantener una fachada de seguridad para proteger intereses políticos o turísticos? Lo cierto es que Oaxaca ha escalado a la atención nacional por la desaparición de dos grupos de jóvenes en su región costera, evidenciando que el fenómeno no es aislado, sino parte de un contexto de violencia y corrupción donde incluso las autoridades locales podrían estar involucradas.
A pesar de que el gobierno estatal asegura que en Oaxaca existe un 83% de éxito en la localización de personas y presume ser uno de los cinco estados más seguros del país, la realidad contrasta con esa narrativa oficial. El incremento de desapariciones, el subregistro de casos y la crisis silenciosa de las madres buscadoras pintan un panorama mucho más preocupante, donde la impunidad y la simulación parecen pesar más que el derecho a la verdad y a la justicia.
