
Gobierno de Oaxaca da contrato de 700 millones a empresa sancionada y ligada a corrupción federal
El Gobierno del estado de Oaxaca adjudicó un contrato por casi 700 millones de pesos a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., para la compra de unidades destinadas al sistema de transporte Citybus —recientemente renombrado como BinniBus—, a pesar de que dicha empresa fue sancionada en 2021 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimientos contractuales.
La adjudicación fue otorgada a pesar del historial de irregularidades de Jet Van, empresa señalada en múltiples escándalos de corrupción y acusada de operar un esquema de compañías paralelas para continuar obteniendo contratos públicos, incluso durante periodos de inhabilitación. La administración estatal, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, favoreció a esta firma en un proceso licitatorio que ha levantado cuestionamientos por la falta de competencia y transparencia.
Una investigación del periodista Miguel Ángel Maya, publicada en la red X, revela que Jet Van fue la única empresa en participar en la Licitación Pública Nacional LPN-SA-ST-0019-05/2025, convocada por el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano. Su oferta fue de 695 millones 763 mil 135.06 pesos, cantidad que fue aceptada sin objeciones, según consta en el acta de fallo publicada por la Secretaría de Administración del estado.
Con este contrato, el gobierno oaxaqueño adquirirá un total de 232 autobuses para el sistema BinniBus. La decisión ha generado controversia debido a que Jet Van enfrenta antecedentes por entregar vehículos en malas condiciones y con más kilometraje del acordado, como ocurrió en 2021 cuando incumplió un contrato con el Servicio de Protección Federal. Por ese caso, fue sancionada con una inhabilitación de un año y una multa de más de 1.4 millones de pesos.
Los propietarios de Jet Van, Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, han sido señalados por utilizar un entramado de empresas —como CGE Automotriz, Rin Automotriz y Vehículos AAA— para continuar como proveedores del gobierno, a pesar de las restricciones legales. Entre 2022 y 2024, estas compañías han acumulado más de 7 mil 400 millones de pesos en contratos públicos.
El historial de la empresa también incluye vínculos con figuras políticas de alto nivel, como el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien durante su gestión otorgó contratos por adjudicación directa a Jet Van. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado posibles anomalías fiscales y daños patrimoniales relacionados con esta red empresarial en instituciones como Segalmex.
La adjudicación a Jet Van ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles y especialistas en transparencia, quienes advierten que la contratación de proveedores sancionados deteriora la confianza pública y abre la puerta a nuevos actos de corrupción. La opacidad en el proceso y la reiteración de patrones de favoritismo empresarial cuestionan el compromiso del gobierno estatal con la rendición de cuentas.

