Gobierno de Morena, igual que los demás; privilegia al «Pulpo camionero» con nueva tarifa, sin nada a cambio: Usuarios
La reciente decisión de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca de incrementar la tarifa del transporte urbano de 8 a 10 pesos ha generado una oleada de críticas entre la población, quienes consideran que este aumento responde a intereses privados más que al bienestar de los ciudadanos. Bajo la dirección de Claudina de Gyves Mendoza, el ajuste tarifario se presenta como un acto desconectado de la realidad económica que enfrentan los oaxaqueños, muchos de los cuales dependen del transporte público para sus actividades diarias.
Usuarios del servicio han expresado su descontento, señalando que esta medida beneficia únicamente a los concesionarios y a los grupos de transporte, comúnmente llamados el “pulpo camionero”. Este sector, que controla buena parte de las rutas urbanas, ha sido criticado durante años por brindar un servicio deficiente, con unidades deterioradas y choferes que en muchos casos no siguen las normas de respeto ni seguridad vial, poniendo en riesgo a los pasajeros.
Para la mayoría de los usuarios del transporte urbano, el impacto de esta decisión recae directamente en sus bolsillos, especialmente para aquellos con ingresos bajos o fijos, como estudiantes y trabajadores de salarios mínimos. Este aumento parece pequeño en cifras, pero en términos de gasto diario, resulta en una carga económica adicional que para muchos es difícil de sostener, sobre todo en un contexto de inflación que ya afecta el poder adquisitivo.
“Para quienes dependen del transporte público, este aumento representa un golpe duro. Si bien 2 pesos pueden no parecer significativos para quienes no usan el transporte, para quienes necesitan tomar varios viajes al día, esto significa un gasto que se acumula rápidamente”, comenta uno de los entrevistados. La medida, denuncian los usuarios, contradice el discurso oficial de priorizar a los sectores más vulnerables y proteger su economía.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad ha intentado justificar el aumento argumentando que los ingresos adicionales permitirán mejorar el servicio, renovar las unidades y dar impulso al proyecto Cytibus. Sin embargo, estas promesas no son nuevas, y los usuarios recuerdan que en cada ajuste tarifario se repiten promesas similares sin que se vean cambios palpables en la calidad del servicio.
A lo largo de los años, los usuarios del transporte han sido testigos de un ciclo repetitivo: las tarifas aumentan, pero el servicio continúa siendo deficiente. Las unidades que recorren las calles de Oaxaca son, en muchos casos, vehículos con más de dos décadas de uso, que operan bajo condiciones que, lejos de mejorar, parecen empeorar con el tiempo.
En opinión de los usuarios, el problema de fondo radica en la falta de regulación efectiva y en una visión de movilidad que favorezca a los empresarios del transporte en lugar de responder a las necesidades reales de la población. Cada aumento representa una carga que muchos no pueden asumir, pero para los concesionarios, es solo una entrada adicional sin compromisos de mejora real.
El llamado de la ciudadanía es claro: el gobierno debe replantearse sus políticas de movilidad y priorizar a los usuarios, quienes exigen un servicio digno y accesible. Mientras tanto, el incremento tarifario se percibe como una decisión que no solo ignora las necesidades de la población, sino que también refuerza la brecha entre los intereses empresariales y los derechos de los ciudadanos oaxaqueños.
