Gobierno de Jara utiliza la fuerza pública para consumar venganzas personales contra periodistas, denuncia la APO
La detención violenta del periodista Álvaro Cuitláhuac López y su familia ha generado una ola de indignación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y derechos humanos en Oaxaca. La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) condenó el hecho y denunció que el gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara, está utilizando a la fuerza pública para consumar venganzas personales de funcionarios estatales.
El pasado viernes, elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) detuvieron con uso excesivo de la fuerza al comunicador y a varios de sus familiares. Durante el operativo, López fue golpeado, encarcelado y despojado de su equipo de trabajo, en lo que la APO calificó como un acto de brutalidad policiaca y abuso de autoridad.
Según la versión del Ministerio Público local, la detención ocurrió mientras los agentes realizaban actos de investigación para cumplir con un mandato judicial en inmediaciones de la Central de Abasto, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Sin embargo, no presentaron pruebas de que López estuviera relacionado con el caso que investigaban.
La Fiscalía confirmó que varias personas fueron detenidas durante el operativo, entre ellas “un periodista”, sin mencionar su nombre ni reconocer los abusos cometidos. La información oficial se dio a conocer después de que el propio reportero transmitiera en vivo el momento de su detención, evidenciando el uso de la fuerza por parte de los agentes.
El arresto ocurrió dentro del domicilio de López sin una orden de cateo o aprehensión emitida por un juez. A pesar de que el periodista se identificó y explicó que vivía en el lugar, los agentes no detuvieron la agresión ni el allanamiento, lo que constituye una violación grave a sus derechos constitucionales.
En conferencia de prensa, el comunicador relató que estaba con su hermano cerca de su casa cuando vio pasar a elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Minutos después, se percató de que estos ingresaron a su domicilio y detuvieron arbitrariamente a su padre, madre y hermano, sin justificación legal.
A través de una carta pública, la APO exigió una investigación inmediata y sanciones a los responsables. La organización denunció que la Agencia Estatal de Investigaciones actuó sin respetar el debido proceso y con un claro exceso de violencia, lo que demuestra un patrón de abusos contra periodistas en Oaxaca.
La APO también subrayó que no encubrirá delitos en caso de que existan elementos en contra de alguna persona, pero advirtió que no permitirá el uso de las fuerzas de seguridad para intimidaciones, venganzas políticas o represalias contra la prensa.
Este tipo de agresiones, señalaron, se han vuelto una constante en Oaxaca y refuerzan la percepción de que el gobierno prioriza la persecución de críticos y opositores mientras permite la impunidad de grupos criminales y redes de corrupción dentro del aparato estatal.
Finalmente, la APO agradeció la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y exhortó al gobierno estatal a garantizar la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos, recordando que la ley debe prevalecer sobre los intereses particulares de cualquier funcionario en turno.
