Gobernador de #Oaxaca presiona a burócratas para asegurar votos rumbo a la revocación de mandato
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, enfrenta nuevas acusaciones de manipular el proceso de revocación de mandato, al presuntamente instruir a secretarios y directores de su administración a obligar a trabajadores de confianza a reclutar diez electores cada uno para garantizar su permanencia en el cargo el próximo mes de abril.
De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, estos trabajadores estarían siendo presionados para conseguir ciudadanos con credencial de elector que voten en contra de la revocación y a favor de ratificar a Jara. La instrucción busca convertir el ejercicio ciudadano en un mecanismo de legitimación política impulsado desde el propio gobierno estatal.
La acusación se inscribe en un clima de creciente desconfianza hacia el proceso de revocación de mandato en Oaxaca, reactivado tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó reformas impulsadas por el propio mandatario para endurecer requisitos y limitar la participación ciudadana en este ejercicio democrático.
Aunque no existe evidencia documental que confirme la cuota de diez electores por trabajador, el patrón de presiones laborales, amenazas veladas y uso indebido de recursos públicos ha sido señalado reiteradamente por organizaciones civiles, activistas y empleados despedidos. Advierten que el gobierno opera el proceso con clara asimetría de poder y fines políticos.
Activistas como Érika Lilí Díaz Cruz, de la organización Luna del Sur, han calificado el proceso como “antidemocrático” y manipulado desde el aparato estatal. Señalan que el gobierno utiliza estructuras oficiales para inducir el voto a favor de Jara, en un contexto de inseguridad, precariedad institucional y creciente descontento social.
En medios locales y portales independientes se ha documentado el uso político de la estructura gubernamental para impulsar la permanencia del mandatario. Análisis recientes advierten que la administración estatal busca evitar un voto masivo en contra mediante estrategias de reconciliación aparente y acuerdos con sectores críticos afectados por decisiones impopulares.
En redes sociales, la reacción ha sido inmediata. Usuarios señalan la práctica como un intento de fraude anticipado, comparándola con episodios de compra de votos y acarreo registrados en otros procesos de Morena. Hashtags como #RevocaciónJara y #OaxacaSinJara se mantienen activos, denunciando presión, coacción y manipulación electoral desde el poder.
Especialistas en derecho laboral recuerdan que la Ley Federal del Trabajo prohíbe expresamente presionar a empleados públicos o privados para influir en su participación en procesos electorales o ejercicios de democracia directa. La coacción política derivaría en sanciones administrativas e incluso penales para funcionarios involucrados en prácticas indebidas.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca es la única autoridad facultada para organizar la revocación. Sin embargo, críticos denuncian intromisión directa del Ejecutivo en tareas operativas del proceso, lo que vulnera su autonomía, compromete la imparcialidad institucional y debilita la confianza ciudadana en el resultado final.
La denuncia agrava la percepción de que Jara busca convertir la revocación en un referéndum de respaldo impulsado desde el propio gobierno. Mientras tanto, sectores opositores llaman a la ciudadanía a participar sin miedo, recordando que la revocación de mandato es un derecho constitucional diseñado para evaluar, no blindar, el desempeño gubernamental.
