Funcionarios municipales vendieron 810 unidades de un corralón, sin autorización del Cabildo
Un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez es investigado por la Fiscalía General de Oaxaca por haber vendido, sin autorización de ninguna autoridad, 776 automóviles y motocicletas que se encontraban en resguardo en los corralones de Tránsito Municipal en la ridícula cantidad de 700 mil pesos.
De acuerdo con información pública, los funcionarios municipales vendieron a un comprador 426 automóviles, 350 motocicletas y 34 bicicletas que habían sido detenidos por incurrir en alguna infracción de Tránsito y que se mantenían en resguardo en el corralón Primavera, en 700 mil pesos en efectivo y sin reportarlo a la Tesorería Municipal.
Entre los funcionarios vinculados a esta venta ilegal se encuentran el secretario de Gobierno, Felipe Canseco Ruiz, quien supuestamente habría dado la autorización para la venta de los vehículos como chatarra; Betty Cecilia Jaller González, jefa de Patrimonio; Alejandro García Peña, director de Análisis y Seguimiento, así como Sebastián García Díaz, director del Mercado de Abasto.
De acuerdo con la información disponible, la venta de chatarra se organizó desde el mes de marzo de 2022 meses antes de que el Cabildo de Oaxaca de Juárez diera su anuencia para enajenar dichos vehículos.
El comprador de la supuesta chatarra fue identificado como Raymundo Martínez Gallardo, quien habrÍa pagado el dinero en efectivo a los funcionarios municipales, quienes habrían acompañado al comprador a sustraer un total de 810 unidades del encierro primavera sin autorización del Cabildo.
El saqueo fue descubierto en septiembre del año pasado por la síndica Nancy Mota Figueroa, quien al constatar el daño al erario presentó la denuncia correspondiente anten la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la que a la fecha lleva la investigación.
Al trascender en redes sociales este saqueo, hasta hoy, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reconoció el hecho y dijo que desde el primer momento, al tener conocimiento del caso, el alcalde Francisco Martínez Neri dio instrucciones a la sindica Nancy Mota Figueroa y al consejero jurídico Dagoberto Carreño Gopar, a presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado.
Como consecuencia, el alcalde ordenó que fueran separados de sus cargos quienes estuvieron involucrados y tenían bajo su responsabilidad los bienes sustraidos, al tiempo que cuatro personas presentaron su renuncia voluntaria.
Sin embargo, a casi un año de este hecho, ninguna persona ha sido detenida y menos encarcelada por estos delitos.
