Florida aprueba ley que impone pena de muerte a migrantes culpables de delitos; aseguran que medida es inconstitucional

La nueva medida de Florida impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y hayan sido declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el jueves un amplio paquete de leyes de inmigración con el objetivo de implementar la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump.

Los republicanos afirman que la iniciativa coloca a Florida —que durante muchos años fue refugio para inmigrantes— a la vanguardia de los estados con gobiernos conservadores que llevan a cabo labores para sacar provecho de los recursos estatales y locales para la aplicación de las restricciones de inmigración a nivel federal.

Mientras los partidarios de Trump en las capitales estatales de todo el país se apresuran a cumplir con el punto prioritario en la agenda presidencial, los legisladores en Florida se preparan para una posible disputa contra los tribunales a medida que avanzan en una disposición que, según los críticos, es inconstitucional.

La nueva medida de Florida impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y hayan sido declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. Es una disposición que va más allá de las órdenes ejecutivas de Trump.

Resuelta la división entre los legisladores y DeSantis

La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las restricciones de Trump contra la inmigración ilegal.

“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la iniciativa más sólida en el combate a la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país”, declaró DeSantis antes de firmar los proyectos de ley y entregar un marcador a cada uno de los líderes legislativos que lo acompañaron en la ceremonia. “Estamos a la vanguardia en la resolución de la crisis de inmigración ilegal.”

Pero las tensiones entre los aliados del presidente y DeSantis —quien se atrevió a enfrentarse a Trump en busca de la nominación presidencial republicana— podrían no disiparse, ya que se tiene previsto que el gobernador mantenga aspiraciones presidenciales para 2028.

“En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, dijo el senador republicano Joe Gruters, patrocinador de los proyectos de ley y un aliado clave de Trump.

Pero fue un proceso doloroso, luego de que DeSantis criticó las propuestas anteriores de los legisladores, calificándolas de“débiles” y una “traición” a los votantes, antes de finalmente firmar un paquete negociado.

“Todavía hay sentimientos heridos”, dijo Gruters, “en ambas partes.”

Apartan 298 millones para el combate a la inmigración

Las medidas de Florida asignan 298 millones de dólares para contratar a más de 50 nuevos agentes que se enfocarán en materia de inmigración, además de subvenciones para equipo y capacitación para agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren en operaciones federales y reembolsos por el alquiler de instalaciones de detención.

La propuesta también impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país que cometan delitos capitales. Los demócratas y los defensores de los derechos civiles han argumentado que esa disposición es inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema.

El paquete también aumentaría las penas a todos los delitos cometidos por inmigrantes que están sin autorización en el país y establecería un nuevo delito de ingresar al estado después de haber llegado a Estados Unidos ilegalmente.

Como parte de la negociación, los legisladores eliminaron una propuesta anterior que habría despojado al gobernador de gran parte de sus poderes de emergencia en materia de inmigración.

Una disposición que recibió críticas bipartidistas deroga una ley que da elegibilidad a los estudiantes de Florida que están en el país sin autorización legal para la matrícula estatal en universidades públicas.

Georgia y Alabama avanzan restricciones

Legisladores en otros estados del sur están aprobando sus propios proyectos de ley destinados a avanzar en la represión de la inmigración.

El Senado de Alabama avanzó rápidamente el jueves su propia serie de propuestas, las cuales permitirían que las cárceles retengan a personas para verificar su estatus migratorio; requerirían que las cárceles tomen muestras de ADN de inmigrantes no autorizados que se encuentren bajo su custodia; pondrían fin al reconocimiento de licencias de conducir de otros estados en donde se emiten sin prueba de ciudadanía; y convertirían en un delito grave llevar a un inmigrante indocumentado al estado.

“Si llegas al país legalmente, si entras a Alabama legalmente, entonces estos proyectos de ley no te afectan”, dijo el senador republicano Wes Kitchens, patrocinador de uno de los proyectos de ley.

Los proyectos de ley ahora se trasladan a la Cámara de Representantes de Alabama en medio de la oposición de los demócratas, quienes acusaron a los republicanos de “hacer teatro”.

Jasmin Hernández Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y reciente graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, dijo que le preocupa que las propuestas abran la puerta a casos de discriminación racial en paradas de tráfico —y dijo que las medidas la hacen replantearse la posibilidad de seguir viviendo en el estado.

“No necesariamente quiero ser parte de un estado que va a perpetuar continuamente este sentimiento negativo hacia las comunidades marginadas”, dijo Hernández Alamillo.

También el jueves, el Senado de Georgia aprobó un proyecto de ley que permite demandar a los gobiernos locales si no cooperan con las autoridades federales de inmigración.

La iniciativa reforzaría una ley de Georgia aprobada el año pasado después de que el inmigrante venezolano José Ibarra, quien según las autoridades ingresó a Estados Unidos sin permiso legal, asesinó a Laken Riley, estudiante de enfermería de 22 años de la Universidad de Georgia. Esa ley exige que las agencias policiales cooperen con las autoridades federales en la identificación y detención de inmigrantes sin permiso legal —y las castiga si no lo hacen.

*Con información de El Universal