Fiscalía de Veracruz acusa de terrorismo a periodista Rafael León Segovia por su labor informativa
La Fiscalía del Estado de Veracruz imputó al periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, cargos por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, tras su detención el 24 de diciembre en Coatzacoalcos. El reportero, especializado en nota roja, cubre temas de violencia y delincuencia organizada en la región sur del estado. Familiares denunciaron irregularidades durante el arresto, incluyendo el robo de un vehículo y dinero en efectivo, y alegan que se trata de una persecución por su labor informativa.
La audiencia inicial para resolver su situación jurídica está programada para el 30 de diciembre a las 7:00 horas, luego de que León Segovia se acogiera a la duplicidad del término constitucional. Fuentes locales indican que el periodista ha enfrentado hostigamiento sistemático previo, con carpetas de investigación abiertas que terminaron en absoluciones por falta de pruebas. Un testigo protegido lo acusa de recibir dinero del narcotráfico, lo que ha desatado críticas al proceso.
La organización Artículo 19 condenó enérgicamente la imputación, exigiendo el cese inmediato de la criminalización de la labor periodística y el respeto al debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada. Pidió al Poder Judicial de Veracruz un control estricto sobre la legalidad de la detención y medidas cautelares, evitando prisión preventiva oficiosa cuando los hechos se vinculan al ejercicio informativo. Además, solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el caso por posibles violaciones a la libertad de expresión.
El caso se enmarca en un patrón de acoso a periodistas en México, similar al de Rodolfo Ruiz en Puebla, donde el derecho penal se usa como herramienta de intimidación. León Segovia ha documentado hechos de violencia criminal que podrían afectar intereses de grupos delictivos y autoridades estatales. Organizaciones como la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos exigen garantías para su salud, integridad y defensa legal, apelando al derecho a la libertad de expresión.
Reacciones en redes sociales y medios destacan el absurdo de acusar de terrorismo a un periodista por informar, contrastándolo con incidentes como coches bomba no clasificados así. Figuras como Manuel López San Martín y diversos usuarios critican al gobierno de Morena en Veracruz, liderado por Rocío Nahle, por este golpe a la prensa. El incidente genera preocupación entre periodistas mexicanos por la autocensura y el riesgo al derecho social a la información.
