
Fiscalía de Oaxaca y mecanismo federal ignoraron ocho solicitudes de protección de la DDHPO antes del asesinato del periodista Alejandro Leyva: Titular
La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, reveló este viernes que la institución solicitó en cinco ocasiones a la Fiscalía de Oaxaca y en tres al Mecanismo Federal de Protección medidas para salvaguardar al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Ninguna petición obtuvo respuesta.
La ombudsperson rechazó que la Defensoría haya actuado con negligencia frente a las amenazas denunciadas por el comunicador. Aseguró que el organismo intervino de oficio, requirió información sobre la investigación, solicitó medidas cautelares y documentó cada actuación mediante un expediente con trazabilidad certificada, para respaldar su intervención institucional.
Lara Rodríguez explicó que el periodista acudió a la Defensoría el 14 de julio de 2025 para denunciar amenazas de muerte relacionadas con su actividad periodística. Tras recibir la queja, afirmó, el organismo realizó gestiones dentro de sus atribuciones legales y requirió la intervención de las autoridades responsables de garantizar su protección.
El periodista fue asesinado el 22 de julio de 2026 durante un ataque armado ocurrido en un establecimiento de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, municipio conurbado a Oaxaca capital. La titular de la Defensoría sostuvo que la información sobre las gestiones realizadas permaneció reservada para proteger datos confidenciales y respetar la voluntad familiar.
La defensora reconoció que el caso evidencia omisiones institucionales en el sistema de protección a periodistas. Señaló que la falta de respuesta de las instancias competentes y la posterior impunidad constituyen una forma adicional de violencia, por lo que exigió una investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente los hechos.
No obstante, documentos conocidos previamente muestran que la Defensoría abrió únicamente un Cuaderno de Antecedentes, en lugar de iniciar una queja formal. Además, en agosto de 2025 concluyó que no existían elementos para atribuir violaciones a derechos humanos a autoridades estatales o municipales, al considerar que las amenazas provenían de particulares.
Esos mismos antecedentes indican que la notificación al Mecanismo Federal de Protección fue realizada hasta enero de 2026, varios meses después de la denuncia inicial. Organizaciones especializadas como Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han documentado que Alejandro Leyva denunció amenazas con anticipación, pero nunca recibió protección efectiva del Estado mexicano.
Mientras la Fiscalía estatal informó que declinó la competencia del caso a favor de la Fiscalía General de la República, las revelaciones de la Defensoría reavivan el debate sobre las fallas de coordinación entre instituciones encargadas de proteger periodistas, así como las responsabilidades compartidas que precedieron al homicidio del comunicador.

