Fiscalía de Oaxaca, sin esclarecer el asesinato de Tino Castro, en Barra de la Cruz; su lucha ambiental continúa
El asesinato de Cristino Castro Perea, defensor ambientalista de Barra de la Cruz, en la zona chontal de Oaxaca, ha dejado un profundo vacío en su comunidad indígena chontal. A pesar de contar con medidas de protección debido a los ataques previos contra sus compañeros, el 28 de febrero de 2025 dos sujetos en motocicleta acabaron con su vida mientras se encontraba en un quiosco de la comunidad. Su muerte refleja la creciente violencia en Oaxaca contra quienes luchan por la defensa del medio ambiente.
Cristino Castro, de 63 años, también conocido como Tino, no solo dedicó su vida a la protección de los ecosistemas costeros, sino que desempeñó múltiples cargos de autoridad comunitaria, incluso en pueblos vecinos. “Era muy querido, muy cercano a su tierra y su gente”, relata Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), quien conocía de cerca su trayectoria.
Castro Perea fundó en 2013 el colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz, con el propósito de detener la tala de manglares y proteger las playas de su comunidad. Esta lucha lo llevó a recibir amenazas y, eventualmente, a ser incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes para evitar su asesinato.
La Fiscalía General de Oaxaca investiga el crimen, teniendo entre sus principales líneas de investigación la labor de defensa territorial de Cristino. Hasta ahora, no hay personas detenidas, y la familia del defensor no había reportado amenazas directas recientes, aunque los antecedentes de violencia en la región son bien conocidos.
Barra de la Cruz, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, es una comunidad de apenas mil 300 habitantes, rodeada de una vasta biodiversidad. Su territorio es vital para la conservación de especies como el jaguar y las tortugas marinas laúd, prieta y golfina. Sin embargo, la presión inmobiliaria y turística proveniente de destinos como Bahías de Huatulco representa una amenaza constante.
Las organizaciones ambientales advertían desde hace años sobre el riesgo que implicaba la venta de terrenos para desarrollos turísticos en la zona, ya que obstruyen el paso de las tortugas marinas y alteran el ecosistema. Gracias a la lucha de colectivos como el de Barra de la Cruz, en enero de 2024, el gobierno federal decretó la zona como Área Natural Protegida con categoría de santuario.
No obstante, la declaratoria de protección no eliminó los conflictos internos. Desde 2013, un grupo ha intentado apropiarse de terrenos costeros para venderlos a empresarios, lo que desató una serie de enfrentamientos con los defensores ambientales. Santiago Reyes recuerda que la violencia escaló en 2021 con el atentado contra otro defensor, José Castillo Castro.
Los ataques siguieron en 2022, cuando maquinaria pesada comenzó a retirar manglares en el paraje El Nanche, sin el consentimiento de la comunidad. Estas acciones son vistas como parte de un intento sistemático de privatizar las tierras comunales y facilitar proyectos turísticos privados, afectando a quienes defienden el territorio.
Tras el asesinato de Cristino, organismos internacionales como la ONU-DH, Artículo 19, y delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, Noruega y Suiza, condenaron el crimen, señalando el grave riesgo que enfrentan los defensores en México. El caso de Cristino, advirtieron, muestra un vínculo directo entre su labor ambientalista y su asesinato.
Pese al miedo, los integrantes del colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz han decidido continuar con su misión. De la mano de CEDHAPI, buscarán protección internacional, mientras México sigue figurando como uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, siendo Oaxaca una de las regiones más letales para esta labor.
