Fiscalía de #Oaxaca rechazó recomendación de DDHPO y tampoco sancionó agresión al periodista Álvaro Cuitláhuac López
Aunque el gobernador Salomón Jara prometió justicia y sanciones a los responsables, a siete meses de que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y policías estatales allanaran la casa del periodista oaxaqueño Álvaro Cuitláhuac López, el gobierno de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado no han castigado a los mandos ni a los elementos involucrados en esta agresión.
Por si fuera poco, la Fiscalía de Oaxaca rechazó la recomendación 11/2025 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pese a haber solicitado una prórroga para analizarla y ejecutarla, según denunció esta mañana el periodista y su familia en una conferencia de prensa en el zócalo de la capital oaxaqueña.
El incidente ocurrió el 7 de marzo de 2025 en la calle Prolongación de Galeana, cerca de la Central de Abasto, cuando López transmitía en vivo un operativo policial que involucraba a su padre. Agentes irrumpieron en su domicilio sin orden judicial, lo agredieron físicamente y detuvieron a su familia, violando derechos como la inviolabilidad del hogar y la libertad de expresión.
La DDHPO, en su recomendación emitida el 5 de junio de 2025, confirmó violaciones a la integridad personal, retención ilegal y uso indebido de la fuerza. Recomendó reparación del daño, compensación económica, capacitación a agentes y una disculpa pública por parte de la Fiscalía, medidas que ahora quedan en el limbo tras el rechazo.
López, colaborador de varios medios locales, ha exigido justicia en múltiples foros, incluyendo una rueda de prensa el 7 de junio coincidiendo con el Día de la Libertad de Expresión. Denunció que los agentes lo llamaron “disque reportero” y cuestionaron su credencial, minimizando su labor periodística.
Este caso se enmarca en un contexto de violencia contra periodistas en Oaxaca, donde agresiones y obstrucciones a la libertad de prensa persisten. Organizaciones como ARTÍCULO 19 han documentado patrones de impunidad, urgiendo al gobierno federal y estatal a proteger a comunicadores y sancionar abusos de autoridad.
La familia de López, incluyendo personas mayores, sufrió agresiones similares durante la detención arbitraria. A pesar de su liberación rápida al verificar su inocencia, las heridas físicas y psicológicas perduran, destacando la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir abusos por parte de fuerzas de seguridad en operativos.
