Fiscalía de Oaxaca pide procesar a “Quetu” y “La Parka” por extorsión agravada y delitos contra seguridad estatal
La Fiscalía de Oaxaca, no la FGR, solicitó al juez de la causa vincular a proceso a Miguel Quetu y Carlos Alberto P. L., “La Parka”, por extorsión agravada y delitos contra seguridad estatal.
El presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y Carlos Alberto P.L., “La Parka”, permanecerán internados en centros federales de reinserción social.
La petición de prisión preventiva fue formulada por un MP de la Fiscalía oaxaqueña durante una audiencia donde el juez calificó como legal la detención de ambos imputados, ocurrida el pasado 23 de septiembre.
La carpeta de investigación como el operativo fue coordinado por la Fiscalía estatal, auxiliada por la Marina, Secretaría de Seguridad federal, Guardia Nacional, Defensa, Policía Estatal y Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba y solicitó formalmente que ambos imputados sean vinculados a proceso.
Las investigaciones de inteligencia criminal establecen líneas sobre la posible participación de “Quetu” en actividades delictivas desarrolladas en el Istmo de Tehuantepec.
La Fiscalía también investiga sus presuntos vínculos con “Los Cromos”, célula delictiva identificada como operadora en distintos puntos de la región.
Según la investigación ministerial, “Los Cromos” estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque esa relación forma parte de las indagatorias.
A dicha célula se le atribuyen presuntamente actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas.
Las primeras indagatorias señalan que “Quetu”, desde su posición como actor político y social, pudo facilitar, promover o encubrir actividades ilícitas.
La Fiscalía oaxaqueña sostiene que las investigaciones continuarán mediante inteligencia criminal y coordinación institucional para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a derecho.
El proceso deberá desarrollarse bajo el principio de presunción de inocencia, mientras la autoridad judicial determina la situación jurídica de ambos imputados.
