Fiscalía de Oaxaca logra vinculación contra Quetu, exalcalde de Juchitán, y La Parka por extorsión agravada
Un Juez de Control vinculó a proceso a Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, y a Carlos Alberto de la Paz López, alias La Parka, este 29 de septiembre en Oaxaca.
La Fiscalía del Estado informó que ambos imputados enfrentan cargos por extorsión agravada y delitos cometidos contra la seguridad del Estado oaxaqueño, según resolución judicial comunicada oficialmente esta noche.
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó la resolución tras concluir la audiencia ante el Juez de Control, destacando que el Ministerio Público aportó datos probatorios suficientes para sustentar imputación penal.
El juzgador impuso prisión preventiva justificada, por lo que ambos permanecerán recluidos en centros federales de reinserción social mientras continúa el proceso penal correspondiente fuera de territorio oaxaqueño bajo custodia.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía, Quetu fue ingresado al Cefereso Número Uno El Altiplano, mientras La Parka permanece en el Cefereso Cinco Oriente en Veracruz.
Ambos fueron detenidos el 23 de septiembre durante operativo coordinado entre Fiscalía de Oaxaca, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad federal en Istmo de Tehuantepec.
Las investigaciones ministeriales establecen presuntos vínculos de los imputados con la célula delictiva Los Cromos, identificada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región istmeña, organización criminal que está bajo investigación federal.
A ambos se les atribuye probable participación en extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, homicidio, secuestro y portación de armas exclusivas del Ejército mexicano según datos oficiales presentados ante juez local.
La Fiscalía señaló que esta vinculación permite avanzar en la procuración de justicia, al existir elementos suficientes que sustentan su probable responsabilidad en hechos delictivos investigados actualmente en Juchitán y otros municipios del Istmo.
Tras su captura, los imputados fueron trasladados vía aérea desde Ixtepec hacia penales federales, manteniendo vigente el principio de presunción de inocencia hasta la sentencia definitiva, conforme lo dicta el Código Penal.
El caso generó una crisis política en Juchitán, donde autoridades federales y estatales desplegaron fuerzas especiales y Guardia Nacional, al tiempo que respaldaron el nombramiento de un alcalde sustituto ciudadano mientras continúan investigaciones ministeriales para esclarecer red delictiva local.
La resolución judicial representa un avance significativo contra la impunidad en el Istmo y responde a exigencias ciudadanas de justicia, aunque colectivos sociales demandan investigar otras autoridades presuntamente vinculadas y que no han sido tocadas por la justicia federal.
