Fiscalía de Oaxaca investiga agresión contra mujer en San Pedro Ixtlahuaca; alcalde Pérez Dávila, sujeto a investigación

Fiscalía de Oaxaca investiga agresión contra mujer en San Pedro Ixtlahuaca; alcalde Pérez Dávila, sujeto a investigación

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación de oficio tras la difusión de un video que muestra una agresión en agravio de una mujer en el municipio de San Pedro Ixtlahuaca. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se señala como responsable al presidente municipal Roberto Pérez Dávila.

El caso fue asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, la cual ya estableció contacto con la víctima. Además, la Fiscalía trabaja en recabar pruebas que permitan definir líneas claras de investigación y fortalecer las indagatorias para proceder conforme a la ley.

Como parte de las acciones iniciales, la Fiscalía ofrece atención integral y multidisciplinaria a la víctima. Este apoyo incluye servicios psicológicos, legales y sociales, con el objetivo de garantizar su protección y acompañamiento durante el proceso judicial.

El hecho salió a la luz luego de que el activista mixe Joaquín Galván publicara en la red social X un video en el que se observa al presidente municipal agrediendo físicamente a una mujer indígena. En la grabación, también se escucha al funcionario ordenando que continúen las agresiones, lo que generó una fuerte condena social y miles de críticas en redes sociales.

Este incidente no solo evidencia un caso de violencia de género, sino también posibles actos de abuso de poder. Además, la cercanía de Pérez Dávila con figuras políticas como Salomón Jara Cruz y Laura Estrada Mauro ha generado cuestionamientos sobre si existen redes de complicidad que podrían obstaculizar el acceso a la justicia.

La comunidad exige sanciones ejemplares y una investigación transparente. Activistas como Joaquín Galván han señalado que, de no tomarse medidas inmediatas, podría repetirse la impunidad vista en casos anteriores, como el de Donato Vargas. La presión social sigue en aumento, demandando justicia para la víctima y un freno definitivo a los abusos de las autoridades locales.

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