Fiscalía de Oaxaca detecta aumento de 500 por ciento en venta ilegal de armas mediante redes sociales

La Fiscalía de Oaxaca informó que detectó un incremento del 500 por ciento en la comercialización ilegal de armas de fuego mediante plataformas digitales durante el último año, fenómeno que ha obligado a fortalecer las labores de inteligencia cibernética para identificar, ubicar y detener a quienes participan en estas operaciones ilícitas.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que las investigaciones permitieron concretar siete detenciones mediante operativos encubiertos, en los que agentes especializados simularon ser compradores para documentar la venta de armas cortas y largas ofertadas a través de diversas plataformas digitales utilizadas por los presuntos traficantes.

El informe señala que mientras en 2023 y 2024 prácticamente no existían casos detectados, durante 2025 únicamente se registró uno, pero en lo que va de 2026 ya suman siete investigaciones exitosas, lo que refleja un crecimiento acelerado de esta modalidad delictiva en territorio oaxaqueño.

Las principales plataformas empleadas para ofrecer armamento son Marketplace de Facebook, grupos privados de esa misma red social, canales cerrados de Telegram y grupos de WhatsApp, donde los vendedores buscan establecer contacto inicial antes de trasladar las conversaciones a espacios con mayor privacidad para evitar ser detectados.

Las investigaciones identificaron que las mayores concentraciones de estas transacciones se localizan en Oaxaca de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, municipios donde la Fiscalía mantiene labores de patrullaje cibernético y seguimiento especializado para combatir este mercado clandestino.

Como parte del modus operandi, los vendedores utilizan palabras clave como “resorteras” o “cohetes”, además de emojis y fotografías ambiguas o antiguas para evadir los filtros de las plataformas digitales. También recurren a grupos relacionados con coleccionismo, deportes o seguridad privada para ocultar las publicaciones ilegales.

Una vez establecido el primer contacto, los presuntos traficantes trasladan la comunicación hacia WhatsApp o Telegram, donde intentan verificar que el comprador no sea integrante de alguna corporación policial. Posteriormente acuerdan entregas en efectivo, generalmente en estacionamientos de centros comerciales previamente vigilados para descartar presencia de autoridades.

El fiscal detalló que el precio promedio de las armas cortas ofrecidas ilegalmente ronda los 45 mil pesos, mientras que las armas largas alcanzan aproximadamente los 75 mil pesos. En algunos casos también se detectó la comercialización por componentes enviados de manera separada para dificultar su rastreo.

Las investigaciones ministeriales establecen que la mayor parte del armamento asegurado tiene origen en Estados Unidos, principalmente mediante rutas históricas vinculadas con la frontera de Texas. Sin embargo, también se detectó un incremento del contrabando que ingresa por la frontera sur con Guatemala, además de piezas procedentes de Brasil.

Rodríguez Alamilla advirtió que la legislación mexicana enfrenta rezagos frente al crecimiento del comercio digital de armas, pues existen vacíos regulatorios y limitaciones legales que dificultan imponer mayores obligaciones a las plataformas tecnológicas y fortalecer la persecución penal de estos delitos cometidos mediante internet.

El fiscal sostuvo que la venta ilegal de armas mediante redes sociales representa un fenómeno presente en distintas entidades del país y de América Latina; sin embargo, afirmó que en Oaxaca el crecimiento ha sido particularmente acelerado, motivo por el cual la institución fortaleció sus capacidades de vigilancia e inteligencia cibernética especializada.

El informe también hace referencia a un caso en el que fueron detenidos policías estatales presuntamente relacionados con este tipo de operaciones; no obstante, los elementos fueron trasladados a su cuartel y no quedaron a disposición de la Fiscalía, situación que podría derivar en nuevas investigaciones sobre coordinación institucional y posibles responsabilidades administrativas o penales.