FGR retrasa sin explicación informe de la caja negra del Tren del Istmo accidentado en #Oaxaca
A casi un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo, ocurrido el 28 de diciembre en Nizanda, municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en reserva la información contenida en la caja negra del convoy, sin explicar públicamente las razones del prolongado retraso.
El accidente dejó al menos 14 personas fallecidas y decenas de heridos, además de secuelas físicas, emocionales y económicas en numerosas familias. Pese a la magnitud de la tragedia, la FGR no ha presentado un dictamen técnico que esclarezca las causas del siniestro, generando incertidumbre social.
La llamada caja negra o “pulser” del tren, contiene datos clave como velocidad, frenado, condiciones mecánicas y comportamiento del operador. Su análisis permitiría determinar si el descarrilamiento fue provocado por error humano, falla estructural, deficiencias en la vía o factores externos.
Desde los primeros días posteriores al accidente, la FGR informó que el dispositivo había sido resguardado y que su información ya había sido extraída en su totalidad. Sin embargo, hasta ahora no se ha difundido ningún informe público que respalde esos anuncios oficiales.
La ausencia de resultados contrasta con las declaraciones previas de autoridades federales, que aseguraron que un dictamen preliminar sería presentado durante la tercera semana de enero. El plazo transcurre sin explicaciones claras, alimentando sospechas sobre posibles omisiones o presiones políticas.
Este silencio institucional resulta especialmente grave al tratarse de un proyecto estratégico como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, promovido como emblema del desarrollo nacional. La falta de transparencia mina la confianza pública en la seguridad del sistema ferroviario recién inaugurado.
Organizaciones sociales y comunidades del Istmo recuerdan que desde hace años han advertido irregularidades en la construcción y operación del tren. El accidente reavivó esas denuncias, que hoy parecen quedar relegadas ante una investigación lenta y poco comunicativa.
Aunque la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la Secretaría de Infraestructuras Comunicaciones y Transportes (SICT) participa en las revisiones técnicas, la conducción de la investigación penal recae en la FGR, encabezada por Ernestina Godoy. Su obligación legal incluye informar con oportunidad, claridad y rigor sobre hechos de interés público.
En redes sociales y espacios informativos crece la exigencia de que se haga público el contenido de la caja negra. La demora no solo prolonga el dolor de las víctimas, sino que abre espacio a especulaciones sobre negligencias, encubrimientos o fallas estructurales más profundas.
Mientras no se conozcan las causas oficiales del descarrilamiento, el caso del Tren del Istmo seguirá siendo un símbolo de opacidad institucional. La rendición de cuentas no puede postergarse cuando hay vidas perdidas y un proyecto nacional bajo escrutinio.
