FGR guarda hermetismo sobre investigación del asesinato de Alejandro Leyva tras omisiones de protección en Fiscalía de Oaxaca
A seis días de cumplirse un mes del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, la Fiscalía General de la República mantiene un absoluto silencio sobre las investigaciones del crimen ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, mientras persisten cuestionamientos por las omisiones institucionales que precedieron al homicidio.
Durante un año, Leyva denunció amenazas de muerte y hostigamiento, mientras la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó en cinco ocasiones protección para el comunicador ante la Fiscalía estatal, sin obtener respuesta efectiva ni medidas que garantizaran su seguridad antes del ataque.
Los oficios fueron presentados el 15 de agosto, 24 de octubre y 2 de diciembre de 2025, así como el 21 de enero y 16 de febrero de 2026. Las solicitudes advertían sobre el riesgo que enfrentaba Leyva, pero la Fiscalía de Oaxaca no atendió oportunamente los requerimientos.
El periodista había presentado además quejas ante autoridades estatales y federales en julio de 2025, responsabilizando públicamente a funcionarios del Gobierno de Oaxaca ante posibles agresiones contra él o su familia. Sostenía que las amenazas podían provenir del propio gobierno estatal, según sus denuncias.
Pese a los antecedentes, Leyva no recibió medidas de protección efectivas y, de acuerdo con los señalamientos, el expediente se extravió después de ser remitido a la Fiscalía de Oaxaca. El comunicador pretendía llevar su caso ante el sistema interamericano de derechos humanos, pero fue asesinado antes.
Leyva, de 60 años, era conocido por su postura crítica frente al gobierno estatal y por su columna digital y videos de “El Zumbido del Moscardón”. El 22 de julio fue atacado mientras desayunaba en un puesto cercano a su domicilio; dos hombres en motocicleta le dispararon.
El periodista recibió tres impactos de bala en cuello y cabeza. Su asesinato se convirtió en el séptimo homicidio de un periodista registrado en México durante 2026, en un contexto nacional marcado por agresiones, amenazas y cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para prevenir ataques contra comunicadores.
La periodista María de los Ángeles Nivón, cuñada de Leyva, afirmó que ya fueron agotadas las vías institucionales disponibles en México. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, han advertido que el caso refleja las fallas estructurales del Estado para garantizar protección efectiva a periodistas amenazados.
Tras el crimen, el gobernador Jara se reunió con comunicadores, condenó públicamente el asesinato y ofreció modificar su estrategia de comunicación. Sin embargo, entre periodistas oaxaqueños aumentaron el temor y la incertidumbre, mientras las divisiones gremiales se profundizaron por los intereses publicitarios existentes con el gobierno estatal.
A casi un mes del homicidio, el silencio de la Fiscalía General de la República contrasta con las cinco solicitudes de protección formuladas por la Defensoría ante la Fiscalía de Oaxaca. La ausencia de respuestas sobre ambos frentes mantiene abierta una pregunta central: ¿quién falló en proteger a Alejandro Leyva?
