Feroz persecusión contra consejera inhabilitada; juez impone resguardo domiciliario
La consejera presidenta del Instituto Electoral Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCOO), Elizabeth Sánchez González, tiene sobre sí toda la fuerza de instituciones de al menos dos poderes de la administración estatal: el Ejecutivo y el Judicial.
La madrugada de este sábado, un juez de control la suspendió (por tercera vez) del cargo, y le impuso resguardo domiciliario, luego de que fuera denunciada por la contraloría interna del IEEPCO, controlada por Morena, por un presunto uso ilícito de atribuciones en pagos a proveedores de 19 mdp.
De acuerdo con la información en redes sociales, en una audiencia virtual, celebrada la noche del viernes y que concluyó esta madrugada de sábado, la consejera presidenta del IEEPCO se acogió a la ampliación del término constitucional, por lo que el Juez de Control postergó para 1 de mayo, a las 9:30, la audiencia para resolver su situación jurídica.
El respuesta a la filtración de la información con el fin de dañar su integridad moral, debido a que, asegura, se asiste la razón jurídica, la consejera Sánchez González denunció públicamente al Juez de Control Jorge Armando Toledano Félix, así como al fiscal anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, así como a sus colaboradoras Mitzy Zamary León Gómez y Jazmín Azcona Zacarías, por violar el debido proceso.
Los cuatro servidores públicos violaron lo establecido lo por los artículos 1°, párrafos primero y tercero; 6°, Base A, fracción III, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respaldan las garantías a su derecho al honor, a la adecuada defensa y la presunción de mi inocencia.
Por si fuero poco, agregó, violaron el ejercicio de su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, como lo establece el artículo 47 de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Y a pesar de la que consejera Sánchez González se acogió a la ampliación del término constitucional, el referido juez de control le impuso medidas cautelares de manera provisional, previstas por las fracciones X y XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la suspensión del cargo y el resguardo domiciliario.
La inhabilitada consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, anunció el viernes que solicitaría medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que sea resguardada su integridad, vida, trabajo y libertad personal, ante los embates y abusos de procedimiento y judiciales, por parte de servidores públicos de diversas instancias del Gobierno de Oaxaca.
Luego de que fue inhabilitada por segunda ocasión, por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCO), y tras enterarse del procedimiento penal en su contra, Sánchez González hizo responsables a las autoridades administrativas y judiciales de su integridad física, psicológica y emocional, y la de su equipo de trabajo y familia, “debido a la feroz persecución de la que estoy siendo objeto”.
