
Familias afectadas exigen justicia por trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de #Oaxaca
El accidente del Tren Interoceánico ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca, dentro de la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto ferroviario, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico, pero ahora enfrenta cuestionamientos por su seguridad.
El siniestro se registró cuando la locomotora principal se salió abruptamente de las vías, provocando pánico entre los 241 pasajeros y nueve tripulantes. Las autoridades informaron inicialmente 15 heridos; sin embargo, reportes actualizados confirmaron 14 personas fallecidas y alrededor de 100 lesionados atendidos por equipos de emergencia y cuerpos de seguridad.
La zona del accidente, ubicada en una región remota del Istmo, complicó las labores de rescate. Guardia Nacional, Protección Civil y personal médico trabajaron durante horas para estabilizar a los heridos. Testimonios de sobrevivientes coinciden en que no existían medidas adecuadas de seguridad, lo que agravó la magnitud de la tragedia.
Entre las víctimas se encuentran grupos familiares, incluidos misioneros provenientes de Ciudad Juárez, quienes sufrieron lesiones graves. El impacto humano del descarrilamiento ha generado amplia indignación social. Los relatos de pasajeros evidencian fallas operativas y omisiones que, aseguran, pudieron evitarse con supervisión técnica rigurosa y protocolos de protección actualizados.
Este 5 de enero, las víctimas presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, representadas por el abogado Adrián Arellano, del despacho Vega Mac Gregor Arellano. Acusan a autoridades y constructoras de negligencia, abuso de autoridad, lesiones y graves omisiones en la operación del Tren Interoceánico.
La denuncia se sustenta en irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2019, que documentó deficiencias en supervisión, procesos constructivos y rehabilitación de la Línea Z. De acuerdo con estos informes, existieron anomalías millonarias que, según los demandantes, contribuyeron directamente al fatal descarrilamiento ocurrido en diciembre.
La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y analiza la “caja negra” del tren para esclarecer las causas exactas del accidente. Especialistas han advertido que las prisas por inaugurar el proyecto pudieron afectar la calidad de la obra. Paralelamente, autoridades federales piden cautela ante despachos jurídicos que ofrecen representación inmediata.
Este caso podría marcar un precedente en la revisión de megaproyectos ferroviarios en el país. Organizaciones civiles y expertos insisten en la necesidad de mayor transparencia, mecanismos de rendición de cuentas y auditorías permanentes. Las familias afectadas esperan que las investigaciones deriven en sanciones ejemplares y en mejoras reales a la infraestructura nacional.

