Extorsión y cobro de piso asfixian al Istmo por inacción de la Fiscalía de #Oaxaca y colusión policial
El cobro de piso se extiende peligrosamente por todo el estado de Oaxaca, alimentado por la alarmante falta de investigaciones de la Fiscalía General. La impunidad prevalece debido a la presunta colusión entre policías y bandas criminales, dejando a los comerciantes vulnerables ante una estructura delictiva que avanza.
En la región estratégica del Istmo de Tehuantepec, la situación alcanza niveles críticos para los sectores productivos. Municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec reportan una presencia constante de grupos delictivos. Sin embargo, la ausencia de denuncias formales impide que la autoridad actúe contra los responsables.
El miedo a represalias violentas es el principal factor que silencia a las víctimas en la entidad oaxaqueña. Células criminales, como la liderada por el denominado “comandante Cromo”, utilizan amenazas directas y ataques armados. Estas bandas advierten que cualquier acercamiento a las autoridades resultará en daños severos contra familiares o establecimientos.
La cifra negra en Oaxaca es alarmante, pues refleja que la mayoría de los delitos jamás se reportan. Según datos recientes de la ENVIPE, solo el diez por ciento de los ilícitos llegan al Ministerio Público. En el caso específico de la extorsión, este porcentaje es todavía menor por el terror.
Testimonios recurrentes de comerciantes locales revelan una realidad cruda: muchos deben entregar hasta el veinticinco por ciento de sus ganancias semanales. Este “impuesto criminal” es aceptado por los dueños de negocios para poder trabajar sin riesgos. Prefieren perder ingresos antes que enfrentar la violencia de los grupos armados locales.
La crisis ha escalado hasta alcanzar al sector educativo en este 2026, afectando a maestros y directivos escolares. A principios de este año, los docentes realizaron marchas en la región istmeña para denunciar cobros de piso dentro de los planteles educativos. Los delincuentes exigen cuotas bajo amenaza de ataques, normalizando un clima de inseguridad en las escuelas.
A pesar de que las cifras oficiales del SESNSP reportaron ochenta denuncias durante 2025, la realidad supera estos números. Oaxaca ocupa el lugar veintiséis nacional en incidencia, pero expertos aseguran que esto se debe al subregistro. La baja tasa estadística no refleja el asfixiante entorno que viven transportistas y empresarios istmeños.
Los delincuentes emplean métodos sofisticados, que incluyen llamadas telefónicas para presionar pagos. Además de las visitas armadas, utilizan mensajes de texto para coordinar las cuotas mensuales de forma sistemática. Estas tácticas logran desplazar a comerciantes que no pueden costear las exigencias de los grupos delictivos.
Operaciones gubernamentales como el operativo “Sable” han logrado capturas relevantes en Juchitán, pero resultan insuficientes ante el problema. Las autoridades reconocen que las detenciones efectuadas representan apenas la punta del iceberg. Sin una estrategia que elimine la corrupción policial, los esfuerzos de seguridad parecen diluirse rápidamente en la región.
Frentes conjuntos entre el gobierno y sectores productivos buscan combatir este fenómeno que desestabiliza la economía regional hoy. No obstante, la persistente impunidad y la falta de confianza en la Fiscalía mantienen el control criminal vigente. La sociedad civil demanda acciones contundentes para recuperar la seguridad en las calles del Istmo.
