Exigen abogados auditar el presupuesto de Judicatura

Tras los cuestionamientos del foro jurídico a la operación del Consejo de la Judicatura del Estado, la Barra Oaxaqueña de Abogados 21 de Marzo señaló que el Poder Legislativo tiene que revisar su actuación para que la impartición de justicia sea pronta y expedita.

Asimismo, a través del abogado Jesús García López, señaló que es urgente una mayor eficiencia en el manejo de los presupuestos y propuso reducir la carga burocrática del Poder Judicial.

Añadió que la vigencia del nuevo sistema de justicia penal también impone retos al Poder Judicial del Estado, entre los que destaca la edificación de infraestructura y la mejora del equipamiento para impartir justicia.

“Hay limitaciones en los juzgados. Es importante que los presupuestos no se utilicen para aumentar la carga burocrática. Es necesaria una mayor eficiencia en la administración de justicia y para ello debe revisarse el actuar del Consejo de la Judicatura”, anotó.

Señaló que serán los diputados locales quienes se encarguen de la revisión del tema y que más allá de intereses de grupo debe privilegiarse la administración de justicia, así como una mayor coordinación con las agencias del ministerio público.

Desde el mes pasado el foro de abogados oaxaqueños se pronunció a favor de la desaparición del Consejo de la Judicatura que se creó en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo en el Poder Judicial del Estado.

El organismo es calificado como un «elefante blanco» oneroso, con un costo de 27 millones de pesos que únicamente ha profundizado la crisis en el Poder Judicial.

Asimismo destacó que el Consejo de la Judicatura no se justifica en tribunales con 3 mil empleados y un presupuesto reducido, por lo que coincide con la Barra de Abogados Oaxaqueños y el Colegio Nacional y Oaxaqueños de Doctores en Derecho en que el organismo debe desaparecer por inoperante.

Especialistas en Derecho como el Doctor Miguel Ángel Varela Sánchez, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho fueron los primeros en alzar la voz y exigir la desaparición del Consejo de la Judicatura.

El principal argumento es que no puede estar en funciones jurisdiccionales, consejeros que representan al Poder Legislativo y al Ejecutivo, porque de esta manera no se respeta el principio de división de poderes.

Una de las principales preocupaciones de los profesionales de la abogacía es que los consejeros del organismo devengan sueldos estratosféricos sin realizar acciones para devengar sus ingresos.

Sin descartar que esta situación haya provocado una crisis severa en el Poder Judicial, donde las demandas de los jueces y secretarios de juzgados es cada vez mayor, los especialistas aseguran que la situación económica del Tribunal se agravó a partir de la creación del Consejo de la Judicatura.

La demanda de los abogados es que el Congreso local actúe en consecuencia y defina de una vez por todas las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para desaparecer el Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con profesionales del Derecho el Consejo de la Judicatura es una institución española que fue copiada para atender cuestiones administrativas en los juzgados de México, pero de acuerdo al Magistrado Presidente, Raúl Bolaños Cacho, solamente se justifica en tribunales con más de 30 mil trabajadores.

Por su parte, Jorge Franco Jiménez, presidente de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados de Oaxaca, enfatizó que el Consejo de la Judicatura no representa una solución para nada; no ha representado ninguna solución para una problemática de disciplina o de control realmente; “me parece que se convirtió así como un arma de amenazas para jueces, secretarios y funcionarios del servicio judicial”.

Eso ha provocado la existencia de cotos que nombran a un político, nombran a una persona que incorporan al Consejo de la Judicatura; no quiero hablar, precisar nombres, pero me parece grave que se hayan nombrado una o dos personas que nunca han hecho carrera judicial y que son magistrados del Consejo de la Judicatura y que tienen un voto que impide a veces el funcionamiento correcto de esta situación y me parece absurdo que maneje una parte, no sé el 90 por ciento del presupuesto destinado a la justicia y que al TSJE como órgano superior maneje un 10, 15 por ciento; eso es absurdo.