Evidencian venta irregular de mobiliario escolar del IOCIFED en Oaxaca; señalan a funcionarios en red interna
Trabajadores del Instituto Oaxaqueńo Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) denunciaron la comercialización de mobiliario escolar propiedad del Gobierno de Oaxaca. Mediante redes sociales, se evidenció la venta de bienes públicos con sellos oficiales. Los empleados identificaron una red interna presuntamente dedicada a sustraer estos materiales de los almacenes institucionales.
La denuncia señala a Jesús Martínez Mendoza, identificado como “Chucho Loxicha”, colaborador cercano del titular del IOCIED, Alejandro Emmanuel López Jarquín, como operador de esta red. Según los reportes, Martínez Mendoza comercializa paquetes de mobiliario que incluyen equipos de cómputo, sillas y mesas por un monto de 20 mil pesos mexicanos.
El esquema de operación incluye la entrega del material en las inmediaciones de la bodega del IOCIED, ubicada en la calle Belisario Domínguez de la colonia Reforma. Testimonios indican que los bienes, nuevos y con logotipos oficiales, se ofrecen en plataformas digitales (Market Place de Facebook) a precios inferiores a los del mercado establecido.
Especialistas en control patrimonial indicaron que la venta estructurada por paquetes, junto con puntos de entrega fijos, sugiere fallas en los mecanismos de seguridad o connivencia interna. Esta operación sistemática implica presunto peculado y desvío de recursos públicos, lo que conlleva responsabilidades administrativas y penales para los involucrados en la sustracción.
La dirección general del IOCIED y su área administrativa son responsables de garantizar el inventario, resguardo, salidas autorizadas y el destino final de los bienes. La falta de acciones inmediatas ante los señalamientos sobre los responsables, los métodos utilizados y la ubicación de las entregas evidencia omisiones en la gestión patrimonial.
Las medidas solicitadas por expertos incluyen el aseguramiento de bodegas, la realización de una auditoría física urgente y la revisión de inventarios por lote. Asimismo, se requieren suspensiones precautorias de los funcionarios señalados y la presentación de denuncias formales ante las autoridades competentes para investigar el desvío de recursos educativos.
