Estudiantes de la UABJO ganan terreno en los tribunales con amparos que declaran ilegales las cuotas de inscripción
Estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) han recurrido a juicios de amparo para combatir las cuotas de inscripción y reinscripción, consideradas inconstitucionales por violar el derecho a la educación gratuita. En conferencia de prensa, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) informó que continúa impulsado estas acciones legales, logrando resoluciones favorables en al menos 16 casos durante 2025. Estos amparos argumentan que las tarifas, que oscilan entre 3 mil y 40 mil pesos según la facultad, obstaculizan el acceso a la educación superior pública.
Un caso emblemático ocurrió en 2022, cuando un tribunal federal declaró inconstitucionales las cuotas exigidas por la UABJO, ordenando la devolución de pagos y permitiendo inscripciones sin costos adicionales. En otro fallo, un estudiante indígena obtuvo la exención de 10 mil pesos, destacando la gratuidad en instituciones públicas. La justicia federal ha reiterado que condicionar la inscripción al pago viola el artículo tercero constitucional, promoviendo la igualdad educativa.
Este lunes, la UJRM denunció que, pese a las sentencias, la universidad persiste en cobrar altas cuotas, afectando principalmente a jóvenes de bajos recursos y comunidades indígenas. En protestas recientes, exigieron ampliación de matrícula y condonación de pagos, argumentando que el presupuesto estatal debe garantizar educación gratuita. Actualmente, promueven amparos colectivos para el ciclo 2026, buscando beneficiar a más aspirantes.
La UABJO defiende las cuotas como acuerdos consensuados por consejos técnicos, únicas para admisión y variables por licenciatura. Sin embargo, fallos judiciales como el del Tribunal Colegiado en Oaxaca han concedido suspensiones provisionales, impidiendo condicionar inscripciones a pagos de hasta 15 mil 650 pesos. Esto establece precedentes para futuras demandas.
En redes sociales, el tema ha generado apoyos pero también debate, con publicaciones destacando victorias estudiantiles y llamando a la acción legal contra las inscripciones, que deben ser gratuitas. Usuarios comparten experiencias de rechazos por no pagar, reforzando la narrativa de discriminación económica en la educación pública. Estas discusiones amplifican el impacto de los amparos.
Estos triunfos judiciales no solo benefician a individuos, sino que cuestionan el modelo financiero de universidades públicas en México, impulsando reformas hacia la gratuidad total. Expertos en educación advierten que sin aumento presupuestal, las instituciones seguirán dependiendo de cuotas, perpetuando las desigualdades. El movimiento estudiantil busca diálogo con autoridades para resolver esta crisis.
