Escala conflicto en bloqueo en la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido: habitantes de Colotepec rechazan respuestas y retienen a dos funcionarios federales
El conflicto en la autopista Barranca Larga-Ventanilla se intensificó este miércoles tras el rechazo de los pobladores de Santa María Colotepec a las propuestas oficiales. A pesar de existir una respuesta formal del Gobierno Federal, los manifestantes decidieron endurecer su postura, bloqueando totalmente la circulación hacia la región de la Costa.
La tensión aumentó con la retención del delegado de la SICT en Oaxaca y una representante de Capufe. Los inconformes mantienen bajo custodia a ambos funcionarios, entre ellos un adulto mayor y una mujer, como medida de presión para el cumplimiento de sus demandas.
Originalmente, las exigencias se centraban en el inicio de caminos artesanales y el respeto al libre peaje para residentes. Sin embargo, al no considerar satisfactorios los planteamientos presentados, la asamblea comunitaria ha sumado nuevos requerimientos técnicos y administrativos. Esta postura ha imposibilitado el avance de las negociaciones durante las últimas horas, según la parte oficial.
Ante la privación de la libertad de los servidores públicos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación. Se señala que las autoridades municipales y comunales de Colotepec podrían haber incurrido en al menos cinco delitos federales, mientras el diálogo institucional se encuentra fracturado por la intransigencia de los manifestantes.
La administración estatal ha intentado coadyuvar en la mediación sin éxito, mientras los usuarios de la vía enfrentan retrasos de hasta seis horas. Las rutas alternas se encuentran saturadas por el flujo vehicular desviado, lo que agrava la crisis de movilidad en una de las arterias turísticas más importantes de México.
El futuro de la vía permanece incierto mientras la comunidad condiciona la liberación de los retenidos a la llegada inmediata de maquinaria pesada. Las autoridades federales han calificado la medida como un «chantaje», advirtiendo que no se pueden pactar obras bajo presión ilegal mientras persista la retención de su personal.
