En un año, en el CIIT se registraron 226 agresiones contra integrantes de pueblos originarios: MCO

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se ha desarrollado en Oaxaca a través de ‘métodos autoritarios’ que incluyen casos de desaparición y desplazamiento forzado de comunidades indígenas, y un total de 226 agresiones a personas defensoras, denunció la Misión Civil de Observación (MCO), integrada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos

Durante la presentación del informe en la ciudad de Oaxaca, concluyó que entre mayo de 2021 y mayo de 202, el Estado mexicano aplicó métodos autoritarios para imponer el proyecto y la militarización de los territorios indígenas, que se agrava por los poderes y actores políticos locales y estatales ligados al crimen organizado, que se han dedicado a velar los intereses de las empresas trasnacionales.

Luz Coral Hernández, representante de la organización Territorios Diversos para la Vida, una organización civil que acompaña procesos de defensa de la naturaleza, sostuvo que a nivel nacional no se ha dimensionado el impacto ni entendido la gravedad de lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec, en el que la mayoría de las agresiones las cometen los cuerpos de seguridad pública, militares y fiscalías.

Afirmó que tienen contabilizados 72 ataques directos contra personas defensoras indígenas ayuuk y zapotecas; cinco de esos ataques directos fueron contra mujeres que fueron violentadas sexualmente por elementos de la Marina (Semar), y un registro de 27 perpetradores, entres policías estatales y municipales.

A diferencia del Tren Maya, el Corredor Interoceánico ha tenido poca atención de los grandes medios. En algunos casos se han contado únicamente las versiones oficiales, pero no se ha explicado quiénes son las personas que resisten, por qué y cómo,  acusó Carlos Beas Torres, Coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), una organización social con más de 37 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca.

Agregó que existen al menos 15 casos de probable desaparición forzada ejecutados por elementos de la Fiscalía oaxaqueña y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y aseguró que “a pesar del interés de las comunidades, el gobierno de Salomón Jara ha cerrado el diálogo alegando que el asunto ahora está en manos de la Guardia Nacional y autoridades militares”.

Acusan que desde enero de 2023, con la llegada de Salomón Jara al gobierno estatal, han aumentado las agresiones y se ha abusado del derecho penal para minar la defensa de los pueblos originarios. Por un lado, hay un discurso de acceso a la justicia, pero por el otro, hay procesos penales abiertos e impactos ambientales que afectan a las comunidades y que se están ignorando, acusaron.