En Oaxaca, Salomón Jara pretende normalizar el cinismo político; premiará a funcionario que atropelló, ebrio, a policías de San Antonio de la Cal
La reciente aparición pública de Abel Leyva Gandarillas, restituido por Salomón Jara en la Oficialía Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sin haber sido sancionado por conducir ebrio y atropellar a dos policías, ha encendido la indignación social y política en Oaxaca.
Leyva, acusado de múltiples irregularidades, incluyendo corrupción, uso de facturas falsas, desvío de recursos y el atropellamiento en estado de ebriedad de dos policías municipales, había sido separado del cargo por el propio Salomón Jara. Sin embargo, su repentina reaparición al lado del mandatario, ahora como posible sucesor de Emilio Montero Pérez al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), representa una alarmante contradicción con el discurso oficial de combate a la corrupción.
En un acto que desafía toda lógica ética y política, Salomón Jara llevó a Leyva Gandarillas a una reunión oficial con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y posteriormente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentándolo como “hombre de sus confianzas”.
En ese contexto, el funcionario restituido sin ninguna sanción fue presentado como integrante del gabinete estatal, contradiciendo la promesa del gobernador de su separación para ser investigado. Este hecho ha sido interpretado como un acto de cinismo político que normaliza la impunidad en las más altas esferas del gobierno oaxaqueño.
La presencia de Leyva Gandarillas en un acto oficial no sólo es un agravio para las víctimas del atropellamiento, sino también una burla para la ciudadanía que exige transparencia y justicia. Fotografías lo muestran tomando la palabra como si su historial de mal funcionario y peor ciudadano no existiera. Esta incongruencia entre el discurso del gobernador y sus actos concretos refuerza la percepción de que, en Oaxaca, las leyes y la ética pública se aplican de forma selectiva.
Las acusaciones contra Leyva son graves y numerosas: desde operar como facturero utilizando empresas fantasma, hasta desviar recursos públicos presuntamente para beneficio propio y de otros funcionarios de “altísimo nivel”. A pesar de todo ello, su cercanía con Salomón Jara le ha permitido mantenerse a flote dentro de la administración pública. Su reaparición manda un mensaje demoledor a la sociedad: en Oaxaca, el castigo a la corrupción depende más de relaciones personales que de la justicia.
En redes sociales, colectivos ciudadanos y organizaciones civiles han manifestado su repudio a la decisión del gobernador. Consideran que esta designación es un insulto a los esfuerzos por erradicar la corrupción, y advierten que la próxima consulta ciudadana podría transformarse en un juicio político para el actual gobierno. La supuesta renovación política que prometía Salomón Jara se desdibujó rápidamente ante acciones absurdas que perpetúan los mismos vicios del pasado.
Y así, mientras la Sección 22 de la CNTE anuncia una jornada de lucha y un posible paro indefinido, el Instituto de Educación enfrenta el riesgo de quedar en manos de un personaje marcado por escándalos y corrupción.
Si se concreta su nombramiento, Abel Leyva simbolizará no sólo la continuidad de un sistema corrupto, sino también la traición del gobernador a su propia narrativa. La pregunta que resuena con fuerza en Oaxaca es: ¿hasta cuándo se permitirá que la impunidad y el cinismo sigan dirigiendo los destinos del estado?
