
En Oaxaca, encubrimiento oficial y complicidad del gobierno en el crimen de Sandra Domínguez: Los Ángeles Times
Sandra Domínguez, reconocida abogada y activista mixe, desapareció junto a su esposo el 4 de octubre de 2024 en su natal María Lombardo, Oaxaca. Seis meses después, las autoridades confirmaron el hallazgo de sus restos en fosas poco profundas en el estado vecino de Veracruz. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza, en lo que se presume fue una ejecución. Su asesinato, lejos de considerarse un hecho aislado, ha desatado una fuerte indignación en Oaxaca, una región marcada por la pobreza, el abandono institucional y la violencia estructural, donde los defensores de derechos humanos viven bajo constante amenaza.
De acuerdo con una nota a media plana en Los Ángeles Times, el crimen se suma a una alarmante ola de violencia en el estado. En meses recientes, han sido asesinados otros activistas, incluyendo dos hermanas triquis a manos de sicarios en motocicleta, y cuatro líderes comunitarios opuestos a proyectos de desarrollo. La situación alcanzó notoriedad internacional en marzo con el hallazgo de nueve jóvenes brutalmente asesinados en Puebla. Estos hechos reflejan una espiral de impunidad que azota al sur del país, alimentada por la colusión entre crimen organizado y actores del poder político.
La respuesta oficial ha sido insatisfactoria, refiere Los Ángeles Times. La Fiscalía de Oaxaca sostiene que Domínguez fue una “víctima colateral” y que el verdadero objetivo era su esposo, Alexander Hernández, a quien acusan de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, familiares y colegas rechazan rotundamente esa versión, asegurando que nunca se le relacionó con actividades ilícitas antes de su desaparición. Alegan que es una estrategia para desviar la atención del activismo de Sandra, cuya labor ponía en evidencia a figuras poderosas.

De acuerdo con el rotativo angelino , Domínguez era una figura emblemática en Oaxaca por su incansable defensa de las mujeres indígenas. En 2021 denunció públicamente la existencia de chats donde funcionarios y políticos compartían imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento. Su denuncia provocó escándalo y costó candidaturas políticas. Esta valentía le ganó enemigos influyentes, en un contexto donde el machismo y la violencia institucional aún dominan muchas estructuras del poder local.
Activistas como Yésica Sánchez y Joaquín Galván sostienen que su asesinato fue parte de una “operación institucional” para silenciarla. Aseguran que hubo complicidad entre el crimen organizado y funcionarios públicos. Desde hace años, Sandra acompañaba a víctimas de violencia, señalaba abusadores con nombre y apellido, y exigía justicia en un sistema que suele revictimizar a las mujeres. Su madre y hermana han alzado la voz, acusando directamente al estado de haberla matado y encubierto el crimen.
El caso de Sandra Domínguez simboliza la profunda crisis de derechos humanos en México, especialmente para las mujeres indígenas defensoras. Las autoridades han minimizado su activismo como móvil del crimen, mientras organizaciones internacionales y manifestantes exigen justicia y verdad. “El estado te mató, hija mía”, dijo su madre en el funeral. Una frase que resume el dolor y la impotencia de cientos de familias que, como ella, aún buscan respuestas en medio del silencio oficial.

