En Oaxaca, el sicariato en motocicleta desafía a las autoridades y convierte las calles en rutas para matar impunemente
En Oaxaca, la muerte viaja en dos ruedas. Dos hombres llegan en motocicleta, ubican a su víctima, disparan en plena vía pública y desaparecen acelerando, muchas veces en sentido contrario. El patrón se repite contra periodistas, ediles, dirigentes gremiales y activistas, mientras las autoridades locales siguen sin contener eficazmente esta modalidad criminal.
El fenómeno dejó de ser una percepción para convertirse en un patrón documentado. En Huajuapan de León, el propio ayuntamiento reconoció que casi 99 por ciento de las ejecuciones registradas localmente fueron cometidas mediante motocicletas. La cifra exhibe una vulnerabilidad que trasciende ese municipio y revela cómo las motos son utilizadas como vehículos de escape.
El problema no radica en las motocicletas, utilizadas diariamente por trabajadores, campesinos, repartidores, comerciantes y miles de familias oaxaqueñas. El desafío consiste en impedir que continúen siendo vehículos baratos, anónimos y fáciles de abandonar para quienes reciben dinero por matar. La respuesta, por tanto, debe concentrarse en reducir esas ventajas criminales.
Una de las principales fallas es el anonimato. Oaxaca registró mil 270 motocicletas robadas durante 2025, unidades que pueden terminar incorporadas a circuitos delictivos. Un padrón actualizado, placas visibles, documentación verificable, licencias vigentes y operativos permanentes coordinados entre Semovi, seguridad pública, Fiscalía y municipios permitirían conocer quién conduce cada unidad.
La tecnología también puede cerrarles el camino. Cámaras con lectura automática de placas instaladas en avenidas estratégicas, accesos, salidas y corredores identificados como rutas de escape permitirían reconstruir desplazamientos después de un ataque. Los puntos de control móviles y un diseño vial inteligente pueden dificultar el contrasentido, maniobra que actualmente ofrece ventaja decisiva al sicario.
Pero ninguna cámara detendrá por sí sola a quien dispara. La respuesta fundamental debe estar en la inteligencia criminal. Cada motocicleta asegurada debe ser investigada como posible instrumento del delito, reconstruyendo su historial de propiedad, compra, robo y abandono. Y, sobre todo, las investigaciones deben alcanzar a quienes contratan, financian y ordenan los homicidios.
Las autoridades tampoco deberían apostar a prohibiciones generales contra motociclistas o acompañantes. Medidas como restringir el llamado “parrillero” hombre han producido resultados desiguales en otros lugares y pueden afectar actividades laborales legítimas. En Oaxaca, cualquier restricción tendría que sustentarse en incidencia comprobada, horarios, zonas específicas y objetivos de seguridad claramente definidos.
Mientras continúen los contratos de sicariato vinculados con disputas políticas, agrarias, gremiales, territoriales o criminales, la motocicleta seguirá siendo solamente el vehículo. Las detenciones de células delictivas, la inteligencia del C5i y la coordinación entre corporaciones resultan más importantes que cualquier operativo improvisado contra motociclistas.
Oaxaca enfrenta así una amenaza que combina movilidad, anonimato, violencia y capacidad de fuga. Identificar las unidades, hacerlas visibles, detectar sus desplazamientos, cortar sus rutas de escape y castigar severamente a quienes las utilizan para matar son acciones posibles. Lo que falta no es el diagnóstico: es coordinación, inteligencia y voluntad política.
