En el DIF #Oaxaca, presupuestos millonarios y muertes evitables de niños bajo el gobierno de Salomón Jara
Desde la Cámara de Diputados federal, voces de trabajadores y exusuarios de los servicios asistenciales exigieron auditar los mil 600 millones de pesos anuales del DIF Oaxaca. La denuncia es motivada porque bajo la administración de Salomón Jara, ocho menores han muerto en albergues estatales, evidenciando que la «transformación» oaxaqueña se ha traducido en dispendios y tragedia.
Las denunciantes, presentadas por la diputada del PT, Margarita García, exigieron desarticular la red de nepotismo bajo el mando de la señora Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador. A pesar de que el presupuesto se triplicó —pasando de 500 a mil 600 millones—, los menores que atiende la institución enfrentan carencias. Denuncian que los insumos básicos se desvían cínicamente para comercializar alimentos en eventos oficiales.
Esta negligencia alcanzó su punto más oscuro el 24 de febrero, en la Casa Hogar Patos. Dos niñas haitianas, de cinco y seis años, murieron al caer en una fosa séptica sin tapa. La tragedia era evitable; la falta de mantenimiento básico fue reportada con antelación, pero ignorada por las directivas del albergue.
Recordaron que la muerte de la bebé Mía Eleana Martínez Gaytán, de siete meses, refuerza el patrón de negligencia. Mientras el gobierno se escuda en diagnósticos médicos previos, su familia denuncia desnutrición aguda y falta de atención. Mía es solo una de las ocho víctimas documentadas, la mayoría concentradas en Casa Tucán.
El contraste financiero resulta insultante para la ciudadanía. Mientras el presupuesto escaló a mil 681 millones en 2025, los niños bajo tutela estatal reciben raciones cada vez más limitadas. Testimonios y videos filtrados confirman un patrón de saqueo: leche, azúcar y otros productos no perecederos destinados a los más vulnerables terminan alimentando un mercado negro de recursos públicos.
Las denunciantes en la conferencia de prensa denunciaron que la red de nepotismo de Bolaños Quijano opera con una impunidad total. Sobrinas y allegados sin perfil técnico ocupan puestos estratégicos, controlando el destino de los fondos. Aunque funcionarias como Maribel Salinas y Cristina Ramírez fueron separadas tras las muertes recientes, forman parte del círculo familiar protegido del DIF-Oaxaca.
Por su parte, la diputada García refirió que la reacción del gobierno de Jara ante el cúmulo de irregularidades ha sido superficial y tardía. Al separar a tres funcionarias menores, el Ejecutivo intenta un «control de daños» para blindar a la presidenta honoraria. No hay una auditoría independiente en marcha, solo investigaciones de una Fiscalía que priorizar la imagen política de la familia a la justicia.
En tanto, organismos internacionales y estatales de derechos humanos han elevado su voz ante la tragedia de las niñas haitianas. Los albergues, diseñados para ser refugios de esperanza, se han transformado en trampas mortales por la opacidad financiera. Organizaciones civiles y colectivas exigen seguridad, pues consideran que el DIF Oaxaca cuenta actualmente con una administración que raya en lo delictivo.
El balance que las denunciantes hacen de la actual gestión es desolador: ocho vidas infantiles perdidas y cientos de relatos de maltrato. Acusan que el DIF de Bolaños Quijano aparece hoy como una institución secuestrada por intereses familiares y lealtades políticas. Los hechos demuestran que la narrativa publicitaria oficialista se desmorona frente a la realidad de la desprotección infantil.
La diputada Margarita García insistió que es imperativo que la Federación intervenga con una auditoría profunda. “Los grupos vulnerables de Oaxaca no pueden seguir financiando, con hambre y muerte, la opacidad de un gobierno negligente”, señaló.
