Empresas fantasma y prestanombres: Seculta prepara fraude de casi 10 millones con aval del gobierno estatal
La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) está por adjudicar casi 10 millones de pesos a dos empresas señaladas como “fachada” para el supuesto “fortalecimiento de manifestaciones artísticas y culturales”, según la licitación estatal LPE-SA-SC-0044-06/2025. Detrás de esta contratación se perfila un posible fraude operado desde el gobierno estatal con prestanombres, vínculos políticos y estructuras empresariales irregulares.
De acuerdo con el portal Punto y Aparte, empresas involucradas son “Promotora de Eventos y Ferias Moscú S.A. de C.V.” y “Promotora de Artistas y Eventos Rowen S.A. de C.V.”, únicas participantes en el proceso. Moscú propuso un monto de $9,986,087.99 y Rowen $9,836,376.30. Aunque en apariencia compiten, fuentes consultadas advierten que se trata de una simulación cuidadosamente montada.
Ari Martínez Jarquin, administrador de Moscú, es beneficiario del programa federal “Conectividad para el Bienestar” por vivir en una zona marginada, lo que pone en duda su capacidad de operar una empresa millonaria. Por su parte, Rocío Cortés Pérez, administradora de Rowen, trabajó recientemente en el gobierno estatal, lo que sugiere una posible colusión.
Ambas empresas carecen de antecedentes sólidos. Moscú comparte domicilio fiscal con al menos cinco compañías distintas, mientras que Rowen no tiene registros de contratos similares ni personal especializado. Expertos en contrataciones públicas aseguran que estas firmas fueron creadas únicamente para desviar recursos públicos.
Fuentes de la Secretaría de Administración vinculan la operación a Flavio Sosa Villavicencio, operador político cercano a Morena y señalado en el pasado por participar en redes de corrupción. Él habría intervenido para restringir la participación de otras empresas y recomendar a las firmas elegidas.
Esta adjudicación encaja en un patrón de contrataciones simuladas en Oaxaca: empresas sin trayectoria, creadas ex profeso, que sirven como vehículo para legalizar desvíos de recursos. La compra de nombres, RFCs y beneficiarios vulnerables permite dar apariencia de legalidad a operaciones ilícitas desde el propio aparato gubernamental.
