Elvis Guerra, el diseñador del vestido de la Presidenta, acepta que cobró una plaza en el IEEPO “pero solo por seis meses”

Elvis Guerra, el diseñador del vestido de la Presidenta, acepta que cobró una plaza en el IEEPO “pero solo por seis meses”

El poeta y diseñador juchiteco Elvis Guerra reconoció haber recibido pagos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ( IEEPO), “pero sólo durante seis meses”, mediante una contratación realizada en la gestión de Emilio Montero Pérez.

Guerra aseguró que percibió 7 mil 700 pesos quincenales y rechazó haber ocupado una plaza docente dentro del instituto educativo estatal.

En una explicación que escribió en su cuenta de Facebook, Elvis dice que su contratación, entre mayo y septiembre de 2026, “estuvo destinada a desarrollar actividades culturales y educativas en escuelas y otros espacios”.

Entre sus funciones, mencionó concursos de trajes regionales, poesía zapoteca, exposiciones, presentaciones de libros y actividades relacionadas con la promoción cultural.

El artista sostuvo que los recursos recibidos correspondieron al trabajo realizado y afirmó que posteriormente decidió renunciar a dicha contratación.

“Yo devengué con dignidad un salario”, afirmó Guerra, quien rechazó que su incorporación al IEEPO representara alguna irregularidad administrativa.

Sin embargo, su explicación ocurre en medio de cuestionamientos por una práctica de contrataciones que involucraría, hasta ahora, a más de un centenar de personas.

Los señalamientos alcanzan principalmente a personajes identificados como cercanos al exdirector del IEEPO, Emilio Montero Pérez, actualmente desaparecido de la escena pública.

La controversia no se limita a determinar si Guerra realizó actividades, sino a establecer bajo qué criterios fueron autorizadas esas contrataciones.

También resulta relevante conocer las funciones, mecanismos de selección, temporalidad, adscripciones y documentación que sustentaron los pagos realizados durante la administración cuestionada.

Guerra calificó los señalamientos como violencia digital y linchamiento mediático, además de cuestionar que se priorice su caso frente a los problemas regionales.

No obstante, la revisión del caso corresponde a las autoridades competentes, que deberán determinar si existieron irregularidades y si estas fueron generalizadas dentro del IEEPO.

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