“El Santo”, el hombre clave al interior de la Secretaría Marina que rompió el silencio y denunció el huachicol fiscal
El expediente federal del caso de huachicol fiscal al interior de la Secretaría de Marina comenzó con la declaración de un hombre identificado como “El Santo”. No es un delincuente común ni un infiltrado externo. Es un funcionario naval que había ascendido en aduanas y decidió romper el silencio.
En 2020, El Santo —nombre clave asignado en la carpeta de investigación por la FGR— trabajaba en el Cuartel General del Alto Mando en la Ciudad de México. Dos años después, fue nombrado Subdirector de Vigilancia y Control en la Aduana de Tampico. En 2023, ascendió a titular de esa misma aduana, un cargo estratégico para el contrabando.
Durante esos años, descubrió cómo funcionaba una red de corrupción que facilitaba la entrada ilegal de hidrocarburos disfrazados como aditivos. Los buque-tanques llegaban desde Estados Unidos y, con la complicidad de altos mandos navales, eran descargados en pipas, evadiendo impuestos y desviando millones de pesos al crimen organizado.
El Santo fue reclutado con promesas de mejorar su economía. Su jefe, Gastón Ramos Delgado, le dijo que recibiría gratificaciones por mirar hacia otro lado. Las llamadas de “NK”, alias de Miguel Ángel Solano Ruiz, le confirmaban que estaba dentro de un engranaje mucho más grande de lo imaginado.
El esquema del llamado “huachicol fiscal”’estaba muy bien planeado. Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos oficiales de la Marina y sobrinos políticos del exsecretario José Rafael Ojeda, manejaban ascensos y colocaban a personas de confianza en puestos estratégicos de las aduanas. Así, blindaban el negocio ilícito desde adentro.
El Santo entregaba parte del dinero a funcionarias como Perla Elizabeth Castro Sánchez, quedándose con un porcentaje. Reconoció haber participado en reuniones y coordinado descargas de barcos que, en un solo viaje, podían llenar entre veinte y treinta pipas. La operación era constante y representaba fortunas diarias.
Al principio, El Santo aceptó el juego. Pero el riesgo creció cuando comenzó a notar asesinatos selectivos alrededor de la red. Funcionarios incómodos o que amenazaban con hablar eran eliminados. Fue entonces cuando decidió convertirse en testigo colaborador y llevar la información a la Fiscalía General de la República.
En su declaración, relató la llegada de treinta y un buques entre abril de 2024 y marzo de 2025. De catorce cargamentos revisados, trece coincidían con registros oficiales. El resto se ocultaba bajo nombres falsos y análisis químicos alterados que siempre arrojaban resultados negativos a la presencia de combustible.
El Santo dio nombres clave: los hermanos Farías, Solano Ruiz, Clímaco Aldape Utrera y Humberto Enrique López Arellano. También identificó a Francisco Javier Antonio Martínez, responsable de coordinar al menos catorce barcos de contrabando. Cada uno tenía un papel definido, desde logística hasta supervisión, en una estructura criminal blindada.
Su testimonio detonó la investigación FEMDO/FGR y abrió la Causa Penal 305/2025. Pero su decisión tuvo consecuencias inmediatas. Apenas se filtró la existencia de su colaboración, comenzaron los ataques. El primero fue el asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR, ejecutada de manera idéntica a un marino semanas después.
