POLÍTICA EXPRÉS | * El perfil arrogante del gobierno de Salomón Jara y el caso del secretario Jesús Romero López

En Oaxaca se repite un guion de arrogancia y desdén institucional. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, decidió convertir un conflicto laboral legítimo en un pleito personal, luego de que filtraran en las redes sociales una llamada telefónica exhibiendo su tono autoritario. El costo no fue para él, sino para 5 mil estudiantes.

Un funcionario que debería garantizar el diálogo convirtió la mesa de negociación en un espacio de amenazas y humillaciones. Su voz, difundida en redes, reflejó más la prepotencia de un cacique que la responsabilidad de un servidor público. La política estatal se degradó a berrinche personal.

Romero olvidó que su cargo exige neutralidad y oficio político, no revanchas personales. Al bloquear una solución y tomar represalias, evidenció la cultura política que permea el gabinete de Salomón Jara: improvisación, autoritarismo y una peligrosa visión de poder como botín, no como servicio a la sociedad.

El resultado fue desastroso: casi 5 mil jóvenes de zonas rurales quedaron sin clases durante dos semanas. La educación, derecho fundamental, se convirtió en rehén de una pugna política menor. El daño no recayó sobre los burócratas, sino sobre los estudiantes y sus familias, quienes pagan la factura.

Paradójicamente, tras dos semanas, Romero “perdonó” al sindicato. Como si la gobernabilidad fuera un asunto de capricho, decidió reabrir la mesa de diálogo que él mismo había cerrado. El discurso de autoridad se convirtió en chantaje disfrazado de negociación, donde el funcionario impuso tiempos y condiciones a conveniencia.

Este comportamiento revela la fragilidad de un gobierno incapaz de entender que el poder se ejerce para servir, no para someter. Salomón Jara permite que sus funcionarios adopten perfiles autoritarios que vulneran derechos, cancelan libertades y minan la confianza ciudadana. La arrogancia se normaliza como método de gestión pública.

Mientras los docentes reclaman condiciones laborales mínimas, el gobierno responde con desalojo policial, mesas fantasma y amenazas veladas. Con tal respuesta, el mensaje es que no hay disposición para escuchar, sólo para imponer. La hostilidad institucional se convierte en la única política de Estado hacia quienes se atreven a cuestionar al poder.

El sindicato del Telebachillerato Comunitario insiste en que sus demandas son legítimas y pendientes desde abril. En lugar de atenderlas, el gobierno eligió la confrontación, olvidando que detrás de cada exigencia hay 211 maestros y casi 5 mil alumnos. La educación quedó supeditada a egos políticos.

La soberbia con la que actúan Romero y otros funcionarios de Jara contrasta con la urgencia social de Oaxaca. En una entidad marcada por la desigualdad, la educación comunitaria es vital. Sin embargo, el gobierno desperdicia capital político y humano en pleitos menores, como si la población fuera invisible.

Oaxaca necesita funcionarios que dialoguen, resuelvan y sirvan. No operadores de redes sociales, ni improvisados con delirios de poder. La lección es que mientras persista la arrogancia en el gabinete, los problemas crecerán. Y serán los ciudadanos —en este caso, miles de estudiantes— quienes terminen pagando por sus venganzas.