
El País: Fallo, Montero y Antonino Morales, una disputa política que apunta al asesinato del médico Carlos Eduardo López
El asesinato del médico Carlos Eduardo López, ocurrido el 3 de junio de 2022 en Juchitán, abrió una investigación que apunta a presuntas disputas entre Emilio Montero, Rafael de Jesús Álvarez, alias El Fayo, y el senador morenista Antonino Morales Toledo.
De acuerdo con un reportaje de El País, publicado por Pablo Ferri este 18 de octubre, el homicidio ocurrió dos días antes de las elecciones que llevaron a Salomón Jara al Gobierno de Oaxaca. López recibió hasta 11 disparos, según reportes locales.
Aunque circularon versiones sobre su supuesto papel como operador electoral de Jara, su equipo aclaró que era simpatizante de Morena y había participado en la consulta de ratificación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, sin acreditar funciones de operación política.
Una semana después del crimen, la Fiscalía detuvo a Nicandro Ferra, entonces delegado del Instituto Catastral estatal en Juchitán y Tehuantepec, quien había trabajado en el ayuntamiento encabezado por Emilio Montero. Fuentes consultadas por El País señalan que Ferra organizó el atentado junto con Rafael de Jesús Álvarez, El Fayo.
El reportaje plantea que el homicidio pudo derivar de una disputa entre Montero y Morales, antiguos colaboradores cuyos presuntos vínculos políticos y económicos ya figuraban en perfiles de inteligencia militar de 2019. Esos documentos mencionaban posibles nexos entre ambos y actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos.
La investigación periodística describe a Los Cromos como presunto brazo ejecutor de una estructura política vinculada con Montero, quien dirigió el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hasta finales de septiembre de 2026. Tras las detenciones en Juchitán, renunció al cargo y negó cualquier relación con organizaciones criminales.
Desde el 23 de septiembre, las autoridades detuvieron al alcalde Miguel Sánchez, antiguo secretario municipal durante la administración de Montero, además de un excomisario y operadores identificados como La Parka y El Cromo. Las investigaciones les atribuyen presuntos delitos de extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio.
La Fiscalía estatal atribuye a esta red aproximadamente 70 por ciento de los 957 asesinatos registrados en el Istmo durante cuatro años, según el reportaje. El Fayo permanece prófugo, mientras El Cromo fue detenido en Jalisco; el Congreso local decretó la desaparición de poderes municipales en Juchitán.
El crecimiento de estas estructuras coincidió con las obras del Corredor Interoceánico, iniciadas alrededor de 2020. Fuentes citadas por El País sostienen que los grupos participaron en el acarreo de materiales pétreos y disputaron el control de actividades económicas legales e ilegales vinculadas con el megaproyecto.
Las detenciones exponen posibles conexiones entre disputas políticas, estructuras criminales y economías estratégicas del Istmo. Sin embargo, los señalamientos contra Montero, Morales y El Fayo requieren corroboración judicial: la información publicada plantea líneas de investigación sobre el asesinato de López, pero no constituye por sí misma prueba de responsabilidad penal.
Foto: Miguel Quetu, Montero y Niño Morales, bajo la pintura de El Che y Fidel.

