El DIF Oaxaca encabeza lista nacional por entregar apoyos sociales a personas fallecidas, reporta la Auditoría Superior
Oaxaca encabeza la lista de entidades del país donde se detectaron irregularidades en el DIF estatal por la entrega de apoyos sociales a personas que ya están fallecidas. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), más de 3.5 millones de pesos fueron destinados a mil 251 beneficiarios que ya habían sido reportados como fallecidos en las bases de datos de la Secretaría de Salud.
En Oaxaca, el DIF estatal está a cargo de la señora Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador Salomón Jara Cruz.
Oaxaca no es el único estado implicado. Al menos 12 entidades federativas incurrieron en prácticas similares, con un desvío total que asciende a 17 millones de pesos. Sin embargo, Oaxaca y Guerrero destacan como los estados con mayores anomalías.
Además de Oaxaca, Guerrero destinó más de 3.3 millones de pesos en apoyos a mil 111 personas fallecidas. Estas irregularidades han sido comprobadas mediante auditorías específicas de la ASF, que cruzaron información con las bases de datos del Registro Nacional de Población y la Secretaría de Salud.
Una de las prácticas más preocupantes detectadas es que los decesos no solo ocurrieron en el año auditado, sino que algunos beneficiarios habían fallecido desde 2010. A pesar de esto, seguían registrados como receptores activos en los padrones sociales.
Los recursos mal asignados provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado a financiar programas de asistencia social para personas en condiciones de vulnerabilidad. Las auditorías revelaron que dichos fondos fueron mal utilizados, afectando directamente a las comunidades más necesitadas.
Mientras que algunos estados, como Oaxaca, no han justificado completamente los montos, otras entidades como Chihuahua y Tabasco han realizado reintegros parciales. Por ejemplo, Tabasco devolvió 101 mil pesos destinados a 18 personas fallecidas, según la auditoría 1915.
En Baja California Sur se detectaron apoyos a 86 fallecidos por un monto de 165 mil pesos. Campeche entregó 805 mil pesos a 64 personas fallecidas, y Chiapas destinó 2.5 millones de pesos a mil 776 beneficiarios fallecidos. Estos casos revelan un patrón de negligencia generalizada.
En Michoacán, la ASF identificó 3.4 millones de pesos entregados a mil 722 personas fallecidas. Por su parte, Jalisco registró más de 1.2 millones de pesos destinados a beneficiarios que murieron entre 2010 y 2022.
La ASF ha recomendado que las contralorías estatales investiguen y sancionen a los responsables de estas irregularidades. Además, se ha solicitado la actualización de los padrones y una verificación más rigurosa en la entrega de apoyos sociales.
La asignación de recursos públicos a personas fallecidas representa un grave agravio patrimonial y pone en evidencia deficiencias en la gestión de los sistemas de asistencia social. Es imperativo que las autoridades estatales y federales tomen medidas contundentes para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
