El Congreso de #Oaxaca aplica doble rasero al priorizar excesos presupuestarios internos sobre protección urgente a las infancias

El Congreso de #Oaxaca aplica doble rasero al priorizar excesos presupuestarios internos sobre protección urgente a las infancias

La líder del Congreso, Tania Caballero Navarro, y diputados de Morena en la Sexagésima Sexta Legislatura, demuestran un doble rasero inadmisible en Oaxaca. Mientras el Legislativo exige ampliaciones millonarias para cubrir sus propios excesos operativos, niega sistemáticamente los recursos vitales para la protección de los sectores más vulnerables.

Resulta contradictorio que el Congreso de Oaxaca rechazara otorgar una ampliación presupuestal a la Fiscalía General del Estado. Estos fondos eran fundamentales para la creación y operación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, una deuda histórica pendiente, denuncian, organizaciones civiles y colectivos.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla solicitó formalmente casi 68 millones de pesos para cumplir con esta obligación legal. El objetivo central era garantizar justicia especializada en delitos graves como abuso sexual y corrupción de menores, asegurando que las investigaciones tengan la perspectiva de infancia que el estado requiere.

La creación de esta fiscalía no es un capricho administrativo, sino el cumplimiento de una sentencia federal. El juicio de amparo 475/2022, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito, ordena explícitamente al Estado dotar de herramientas reales a la justicia para proteger a la niñez oaxaqueña hoy desamparada.

No obstante, la austeridad parece aplicarse solo hacia afuera. Bajo la gestión anterior de Benjamín Viveros Montalvo, el Congreso agotó su presupuesto de 403 millones de pesos en solo nueve meses. Este «hoyo financiero» dejó al Legislativo sin recursos para nóminas y aguinaldos al cierre del año 2025.

A pesar de haber recibido una ampliación previa de 153 millones de pesos, el dinero se esfumó sin explicaciones. Mientras los diputados del PT acusan al exlíder de la Jucopo por enriquecimiento inmobiliario, la institución legislativa gastó aceleradamente fondos públicos que superaron los 556 millones de pesos totales.

Al asumir el control, Tania Caballero detectó el desfalco y gestionó apoyos extraordinarios para terminar el año. Es aquí donde el doble rasero se vuelve evidente: para salvar la operatividad del Congreso hubo voluntad política y recursos, pero para la fiscalía infantil solo se encontraron trabas burocráticas.

La Comisión de Presupuesto declaró improcedente la solicitud de la Fiscalía, argumentando que los ejercicios fiscales anteriores ya fenecieron. Los legisladores se escudaron en tecnicismos de fechas, afirmando que la propuesta debió presentarse antes de noviembre de cada año, ignorando la urgencia del mandato judicial vigente.

Esta negativa deja en la indefensión a miles de menores que buscan justicia en Oaxaca. El mensaje que envía el Congreso es inadmisible: prioriza solventar los desfalcos internos y la mala planeación legislativa, antes que aprobar recursos para combatir la violencia y los crímenes contra la infancia.

La actual Legislatura queda marcada por la incongruencia ética. Mientras las cuentas del Congreso crecen bajo sospechas de corrupción y opacidad, los proyectos de justicia social son desechados con frialdad administrativa. Oaxaca observa un poder que se sirve a sí mismo antes que servir al pueblo.

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