El “Ayotzinapa de la Marina”: el expediente que reveló el huachicol fiscal por 170 mil mdp anuales
La Causa Penal 305/2025 que investiga el contrabando de huachicol fiscal que evadió impuestos por 170 mil millones de pesos por año se transformó en una bomba política cuando los fiscales redactaron las conclusiones preliminares. Por primera vez, un expediente federal vinculaba a familiares cercanos del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, con una red de contrabando multimillonario de combustibles disfrazados de aditivos.
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante, no solo habían operado en los puertos. También habían protegido a empresarios huachicoleros, financiado campañas políticas y ordenado ejecuciones para garantizar impunidad. Su parentesco directo colocaba la sombra de la sospecha sobre el propio titular de la Marina.
Aunque el nombre de Ojeda Durán no aparece como imputado, los fiscales lo mencionan en notas internas. La pregunta clave era si podía desconocer lo que hacían sus sobrinos desde posiciones estratégicas. La cadena de mando en la Marina no permite movimientos de alto nivel sin autorización superior.
La FGR enfrentó presiones inmediatas. Versiones internas refieren llamadas de altos funcionarios de Presidencia para frenar filtraciones y evitar un escándalo público. El gobierno federal sabía que un golpe directo a Ojeda podía desestabilizar la narrativa de “Marina incorruptible” construida durante la actual administración.
Los expedientes financieros revelaban depósitos a empresas fachada ligadas a consultoras políticas y a familiares de legisladores. Entre ellos, se identificaron transferencias que coincidían con periodos electorales en Tamaulipas, gobernado por Américo Villarreal, y Oaxaca, por Salomón Jara. El huachicol fiscal no solo era negocio: era un mecanismo de poder que penetraba en las instituciones.
Santo, el testigo protegido, declaró que escuchó directamente a operadores decir: “La familia ya autorizó”. La frase se interpretó como referencia a la protección que garantizaba la cúpula naval. Esa declaración quedó plasmada en la carpeta, fortaleciendo la hipótesis de una cobertura institucional de alto nivel.
El asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, sumado al de otros marinos, reforzó la idea de que existía un brazo armado para silenciar testigos. Los fiscales señalaron en sus reportes que la violencia tenía un origen común: la necesidad de borrar cualquier rastro que vinculara a la familia Ojeda.
El impacto político comenzó a sentirse en el Congreso. Diputados de oposición exigieron explicaciones y la comparecencia del almirante Ojeda. Sin embargo, la mayoría oficialista bloqueó las solicitudes. Los debates en tribuna se convirtieron en un termómetro del daño institucional que podía provocar la revelación completa del caso.
En medios de comunicación, el tema circuló en filtraciones y reportajes fragmentados. Ningún funcionario se atrevía a confirmarlo públicamente. La narrativa oficial insistía en que la Marina era “ejemplo de honestidad”. Pero en privado, funcionarios de la FGR admitían que la carpeta podía ser “el Ayotzinapa de la Marina”.
El caso permaneció bajo reserva durante años, pero el daño está hecho. La red de huachicol fiscal mostró que incluso la institución más blindada podía ser corrompida desde adentro. El nombre del almirante Ojeda quedará marcado por la sospecha, y Santo, testigo clave, se convirtió en símbolo de la verdad incómoda.
