Diputados aprueban ley para sancionar a responsables de tortura
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes e incluyó cambios a la minuta turnada por el Senado de la República en abril de 2016 en cuatro artículos; entre los que destacan el sancionar a los servidores públicos que no impidan la tortura.
Con 417 votos a favor, se modificó entre otros, el artículo 13 de la minuta turnada por el Senado de la República en abril de 2016, en donde se precisaba que será autor del ilícito el superior jerárquico que sin importar el rango ordene la comisión del ilícito y se agregó que será responsable quien instigue o induzca a que se lleve a cabo y quien no frene a la autoridad que la lleve a cabo.
En las modificaciones hechas por los diputados, al artículo 14 se adicionó como tentativa de tortura cuando se exteriorice la intención de cometer el delito o este se lleve a cabo en parte y no se consume por causas ajenas a la voluntad del agente; asimismo se agregó que para imponer la pena de tentativa, el juez considerará el mayor o menor grado de aproximación al ilícito.
Al artículo 37 se anexó que los dictámenes médicos y psicológicos realizados por peritos independientes serán admitidos como pruebas y valorados en igualdad de condiciones que los presentados por los peritos oficiales.
Estos cambios se suman la pena de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares, se puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.
Siempre la investigación, procesamiento y sanción de lo relativo a la tortura será por jurisdicción civil, de manera que excluye la jurisdicción militar.
Establece coordinación y competencia entre los tres órdenes de gobierno evitándose así omisiones o imprecisiones; se establece también que la investigación y persecución del delito de tortura es de oficio, además de por denuncia o vista de la autoridad judicial, y que su sanción es imprescriptible.
Ahora también es posible la investigación del delito de tortura y que se separe cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia. Las personas que hayan cometido ése delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía.
Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especiales que investiguen los delitos relacionados con la tortura, al tiempo que robustece la competencia de la federación y precisa que las declaraciones o entrevistas de las víctimas deberán registrarse por cualquier medio, brindado certeza respecto de las personas que intervinieron en los cuestionamientos.
Implementa el Registro Nacional de Información, lo que permitirá contar con datos y estadísticas sobre los casos de tortura y otros tratos crueles.
Regula el mecanismo nacional de prevención como la instancia encargada de supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, dotándolo de autonomía presupuestaria e incorporando un procedimiento específico, transparente y con perspectiva de género para la elección de sus integrantes.
Y finalmente, robustece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanosrespecto de la emisión de dictámenes médicos, psicológicos con motivo de quejas interpuestas ante dicha instancia.
Los cambios fueron devueltos al Senado de la República para su aprobación, una vez concretado este trámite legislativo, se turnará al Ejecutivo federal para su publicación.
Con información de Excélsior
