Detectan presunto desvío millonario en Sefader: otorgan contrato de casi 50 mdp a empresa fantasma en Oaxaca
La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) asignó un contrato por casi 50 millones de pesos a una empresa sin operaciones reales ni infraestructura comprobable, revelaron documentos oficiales y testimonios ciudadanos.
Se trata de Grupo Comercial Moremy S.A. de C.V., empresa que resultó beneficiada de la licitación LPN-SA-SF-0013-04/2025, correspondiente a la prestación de servicios profesionales de consultoría para el programa de Autosuficiencia Alimentaria de Oaxaca. El fallo fue emitido el pasado 27 de mayo de 2025.
Sin embargo, una verificación en el domicilio fiscal registrado, ubicado en calle Jazmines #509, colonia Reforma, descubrió que en el sitio no operan oficinas comerciales, sino una sede de Alcohólicos Anónimos. Vecinos de la zona confirmaron que jamás han visto actividad alguna de carácter empresarial en esa dirección.
El caso se agrava al constatar que el administrador único de la empresa, Julián Guillermo Sánchez Silva, figura también como representante legal de al menos otras dos compañías registradas en el mismo domicilio: Distribuidora de Bienes y Servicios IKEN PLUS S.A. de C.V. y Ferretería y Materiales TURENT S.A. de C.V.
De acuerdo con especialistas en fiscalización, todo apunta a la utilización de una red de empresas fachada para simular operaciones y desviar recursos públicos, dado que no existe evidencia de capacidad técnica, plantilla laboral o historial operativo en consultoría agroalimentaria por parte de Grupo Comercial Moremy.
Diversas voces ciudadanas y expertos en rendición de cuentas han exigido la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para auditar a fondo a las compañías involucradas, así como a sus socios, historial fiscal y destino real de los recursos.
Además, se ha solicitado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno de Oaxaca abrir una investigación por probable uso indebido de recursos públicos, conflicto de interés y simulación de operaciones en programas prioritarios.
Este caso se suma a las denuncias por presuntas irregularidades en la aplicación del presupuesto público estatal, y plantea un serio cuestionamiento a los mecanismos de control en la contratación de servicios dentro de la administración pública.
Con información de Sayda Morales Bustamante.
