Denuncian a edil de Santa Lucía del Camino por solicitar ilegalmente deuda de 37 millones de pesos
Regidores de Santa Lucía del Camino impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado un acta de cabildo presuntamente ilegal. Con dicho documento, el presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, tramitó un millonario endeudamiento. Los denunciantes exigen la nulidad del proceso debido a graves omisiones legislativas y administrativas.
Los concejales Adriana Díaz, Ader Reyes Méndez y Luis Rey López formalizaron la demanda. Explicaron que la ciudadanía y el propio Cabildo desconocen el destino del crédito solicitado. A las afueras del tribunal, confirmaron que la sesión jamás cumplió con las formalidades y requisitos exigidos por la ley municipal.
Luis Rey López, regidor y exaspirante a la alcaldía, puntualizó la ilegalidad de la convocatoria. El funcionario señaló que la sesión espuria carece de validez jurídica elemental. Por su parte, Ader Reyes lamentó que el pueblo deba costear, mediante futuros impuestos, una deuda de 37 millones de origen totalmente opaco.
Asimismo, la regidora Adriana Díaz acusó al presidente de ejercer violencia política de género en su contra. La funcionaria denunció que sistemáticamente la excluyen de las asambleas oficiales. Esta exclusión violenta de manera directa sus derechos político-electorales y constituye una atrocidad recurrente dentro de la administración del edil morenista.
El conflicto actual se suma a los antecedentes de mayo pasado contra la administración de García Márquez. En esa fecha, los regidores de Movimiento Ciudadano denunciaron públicamente al gobierno municipal por anomalías graves. Los representantes acusaron la presunta falsificación de sus firmas y sellos institucionales en diversos documentos del ayuntamiento.
Las autoridades competentes ignoraron sistemáticamente las exigencias previas de investigación y deslinde de responsabilidades del Cabildo. No obstante, el reciente escándalo del millonario crédito reactivó las movilizaciones jurídicas de la oposición. Los demandantes prometieron mantener la batalla legal para proteger el patrimonio financiero de todos sus representados.
